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Edición 65

Noviembre 2019

65 / COLUMNA DEL MES

¿No hay eximente de responsabilidad civil si la víctima se hallaba recostada dentro de la vía férrea, por tratarse de una actividad riesgosa o peligrosa?

Alguna vez escuché decir que “estamos preparados para afrontar la pérdida de nuestros padres; pero no la de nuestros hijos”. Evidentemente, la partida definitiva de nuestros seres queridos es motivo de gran dolor y consternación. Ello merece las muestras de afecto, compasión y solidaridad de todos; pero cuando se trata de un tema que ha sido mediático, como este lamentable caso del niño de once años que fue atropellado por un tren, el operador jurídico que está investido del poder de decidir se siente presionado y, en no pocas ocasiones, emite fallos cargados de subjetividad, que no corresponden a un riguroso análisis, ni a una imparcial interpretación del ordenamiento jurídico vigente.Ante estos hechos la madre del menor interpuso una demanda de indemnización contra el Ferrocarril Central Andino S. A. y Ferrovías Central Andina S. A., a fin de que le paguen la suma de S/. 150,000,053,000.00 (ciento cincuenta mil millones cincuenta y tres mil con 00/100 nuevos soles), de los cuales S/. 53,000.00 nuevos soles por daño emergente y S/. 150,000,000,000.00 nuevos soles son por daño moral.El Juzgado especializado en la ejecución de sentencias supranacionales de la Corte Superior de Justicia de Lima, con Resolución N.° 47, del 15 de marzo del 2017, declaró infundada la demanda. Respecto del codemandado Ferrovías Central Andina S. A., se observó que:“la demandante NO ha demostrado, ni tampoco se ha podido encontrar regulación al respecto que indique que el área del accidente haya debido estar protegida por vallas o medidas de seguridad que impidan o dificulten en gran medida el paso o cruce de peatones por las vías del tren, además que debe tenerse en cuenta que según el Reglamento Nacional de Ferrocarriles —Decreto Supremo N.° 032-2005-MTC[1]— la vía del tren es una vía exclusiva y restringida, estando prohibido que personas ajenas a la actividad ferroviaria se encuentren allí o a 05 metros a cada lado de la vía, es decir, no se aprecia qué norma haya podido violentar la demandada Ferrovías Central Andina S.A., como tampoco se ha demostrado que debido al mal mantenimiento de la vía férrea, el día de los hechos, se haya producido el accidente, pues, como se tiene del Informe Técnico N.° 322-10-UIAT-PNP-G-1[2], los rieles no tienen carencia ni deformaciones a la vista y están en buen estado de conservación y uso, siendo así, es evidente que respecto de este sujeto procesal la demanda no puede prosperar al no haberse demostrado con ningún medio de prueba que la falta de mantenimiento y/o señalización del lugar haya sido determinante o haya contribuido de algún modo al accidente materia de este proceso”.Con relación a Ferrocarril Central Andino S. A. (empresa empleadora del maquinista Jhon Rony López Jara), se razonó en estos términos:“12. Así pues, tenemos que debemos analizar si la conducta del maquinista aludido revistió alguna de tales características y para ello debemos remitirnos al Informe Técnico N.° 322-10-UIAT-PNP-G-1 de folios 17 a 24 del principal, el mismo que contiene tanto la descripción de las unidades involucradas en el accidente (el tren y el menor fallecido) como la descripción analítica de la vía, de las condiciones climáticas y análisis de la velocidad del tren, de los daños que presentó el cadáver del menor y de la aptitud psicofísica del menor involucrado.13. Pues bien, en las conclusiones de este informe se tiene que el FACTOR PREDOMINANTE fue el ingreso del menor a una vía especial y exclusiva como es la vía férrea y que ello, sumado a su especial condición de autista no le permitió valorar ni reconocer el peligro al que estaba expuesto.14. Se determinó ello, en la medida que el tren hacía uso normal de la vía y que “el maquinista... se limitaba a conducir el ferrocarril sin mayores presiones valorativas respecto del entorno de la vía por tratarse de una máquina especial que tiene una trayectoria predefinida... y que su acercamiento es percibido por la vibración proporcional del terreno adyacente a la vía por el peso del tren y la carga que llevaba, así como del ruido sonoro (pito de la locomotora) que hace alertar de su presencia, por lo cual los usuarios de la vía al percatarse de esta circunstancia deben adoptar sus previsiones para evitar cualquier riesgo de peligro para su integridad física; además, si bien es cierto la existencia de buena iluminación le permitía observar los riesgos, pero debido a que el peatón se encontraba tendido entre las durmientes produjo que pasara desapercibido del ángulo visual en profundidad del maquinista, llegando a tener percepción real tardíamente del peligro que le resultaba la presencia del viandante tendido sobre la vía férrea, situación inesperada y que pese a ello para tratar de evitar el accidente realizó la acción de frenaje que resultó ser la única opción por la construcción especial de UT-1 por tratarse de un tren de gran peso y articulado (01 locomotora y 50 vagones) no le permitió frenar en seco, produciéndose el evento”[3].Asimismo, respecto al peatón, señala que “aparece tendido al parecer sin sentido sobre la vía férrea, toda vez que no realizó acción alguna para salir del sentido de marcha de la locomotora, cuya aproximación era notoria por la vibración proporcional del terreno adyacente a la vía que dejaba el tren por el peso y carga que llevaba, el ruido del pito de la locomotora que hacía alertar de su presencia y luces delanteras que tenía; condiciones favorables que tuvo el peatón para darse cuenta de su acercamiento...”[4]. Al mismo tiempo, en el rubro análisis de daños y lesiones, se indica que “no existen lesiones traumáticas a las que pudiera atribuirse un primer impacto y que permita determinar que momentos antes del evento el peatón estuvo de pie y si bien es cierto las lesiones por arrollamiento y acción de las ruedas son muy graves, estas se diferencian ciertamente de las que pudo ocasionar una colisión”[5].Se determinó que “no se ha podido probar que el maquinista haya obrado de manera negligente, imprudente o imperita” y “que el accidente se debió al propio hecho de la víctima, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1972 del Código Civil”.La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución N.° 11, del 2 de noviembre del 2017, revocó la sentencia de primera instancia, y condenó a Ferrocarril Central Andino y Ferrovías S. A al pago de la suma de S/. 8,500.00 soles por concepto de daño emergente y la suma de S/. 800,000.00 soles por concepto de daño moral, con costas y costos del proceso. Respecto de la aplicación del artículo 1970 del Código Civil a la empresa ferrocarrilera se observa que:“la actividad desarrollada por el Tren N.° 1001 de propiedad de la empresa Ferrocarril Central Andino S.A. operado por el maquinista Jhon Ronny López Jara, que ocasionó la muerte de Bruno Hernán Rodríguez Rojas de 11 años de edad el 27 de julio de 2010, era de una actividad de naturaleza riesgosa, en virtud a la norma acotada, considerando que es responsable civil no el conductor del bien considerado peligroso, sino la empresa propietaria u operadora que es la que ejerce la actividad ferroviaria que por si misma es riesgosa, en tanto puede generar consecuencias de peligro, de modo que su responsabilidad es directa por su propia actividad, estando a lo expresamente reglado por la norma acotada, lo que no ha tomado en cuenta el Juez del proceso”. [El subrayado es mío].Con relación a la empresa ferroviaria, se argumentó:“la empresa Ferrovías Central Andina S.A., como empresa adjudicataría de la Buena Pro en la Licitación Internacional convocada por el Estado Peruano, celebró un contrato de concesión en cuya virtud se le encargó el mantenimiento, rehabilitación y explotación de los bienes de la concesión que incluye la vía férrea, estaciones, andenes, elementos de señalización y comunicación entre otros.En tal sentido, las copias certificadas del Expediente Penal N.° 01860-2014-0 sobre homicidio Culposo Agravado seguido contra el maquinista Jhon Ronny López Jara por la muerte del hijo de la demandante (que se tiene a la vista), de fojas 171 a 177, que son el Registro y Estadística de Accidentes Ferroviarios en el Ferrocarril del Centro, expedido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, acreditan que el maquinista Jhon Ronny López Jara tiene en su haber varios accidentes ferroviarios como el atropello ocasionado con fecha 27/06/2007, el atropello de fecha 02/11/2008, el descarrilamiento de locomotora y dos vagones por vía en mal estado de fecha 03/07/2010, el atropellamiento seguido de muerte en fecha 27/07/2010, el atropello ocasionado con fecha 15/08/2011 y descarrilamiento de fecha 12/03/2012, al cual se añade el evento en el que falleció el menor hijo de actora en fecha 27 de julio de 2010.Si bien, estos mismos medios probatorios al ser ofrecidos por la demandante de fojas 732 a 740, fueron rechazados por extemporáneos en la resolución 11 de fecha 20 de enero de 2014 de fojas 896, este Superior Colegiado considera que deben ser tomados en cuenta desde que prueban hechos reales y Objetivos referidos al historial laboral del maquinista que ocasionó la muerte del hijo de la demandante y que no pueden ser obviados, por ser de suma relevancia en un proceso en cual se esta dilucidando la responsabilidad civil de las empresas demandadas ante un accidente seguido de muerte ocasionada por un personal a su servicio.Estando a los hechos expuestos, surgen las interrogantes: ¿Cómo es posible que una empresa operadora del servicio ferroviario en un país, mantenga al frente de la conducción de trenes de carga, a un maquinista con antecedentes de accidentes seguidos de muerte, lesiones y descarrilamientos?¿Cumplió la concesionaria Ferrovías Central Andina S.A. la labor de supervisión y control a que se encontraba obligada a asumir respecto del desarrollo de las actividades de la empresa operadora Ferrocarril Central Andino S.A.? ¿Se cumplió con controlar y supervisar si la persona de Jhon Ronny López Jara se encontraba en la capacidad para desempeñar el cargo de maquinista de trenes de carga? ¿Hubo preocupación, y diligencia de las demandadas en lograr seguridad en el transporte de carga y de pasajeros? ¿El maquinista conductor de trenes de carga estaba suficiente capacitado para la labor que desempeñaba y conocía todos los protocolos de seguridad para evitar accidentes?” [El subrayado es mío].Temo que se confunde gruesamente el ámbito de derechos, obligaciones y responsabilidades del operador ferroviario (Ferrocarril Central Andino S. A.), que desarrolla sólo la actividad de servicio de trasnporte ferroviario y del concesionario (Ferrovías Central Andina S. A.), que desarrolla las actividades ferroviarias previstas en los contratos de concesión (en el caso particular: la línea férrea, estaciones y andenes, elementos de señalización y comunicación, entre otros). Si bien ambas pueden ser consideradas como empresas que realizan actividades riesgosas, la única que tiene la relación de subordinación con el maquinista es Ferrocarril Central Andino (con quien mantiene un vínculo laboral). Ferrovías Central Andina no tiene injerencia alguna respecto del personal de Ferrocarril Central Andino. Otra cosa es que sea responsable de la señalización de las vías ferrocarrileras, no habiéndose acreditado —como veremos— la relación causal entre este antecedente y el daño.Respecto de la fractura causal por “imprudencia de quien padece el daño” (ex artículo 1972 del Código Civil), se afirma lo siguiente:“En el presente caso, al menor Bruno Hernán Rodríguez Rojas no cabría atribuirle imprudencia, pues en forma obvia se encontraba dentro del ámbito de protección que la ley otorga a los menores de edad a quienes considera inimputables para los efectos de salvaguardarlos de responder a sus actos por el estado de inmadurez física y emocional. Por otro lado, no se encontraba en la capacidad mental para preveer las consecuencias de su conducta o tener el discernimiento para preveer un resultado lesivo de sus actos, al sufrir de un “autismo leve”, era un niño que no tenía un nivel de respuesta al mundo exterior normal. De modo que, la acción mental que tenía hacía que no pudiera darse cuenta del peligro que implicaba transitar por una vía férrea, y no pudo determinar por las luces del tren, su sonido, la hora que era, el peligro que corría su vida.Siendo así, esta capacidad de discernimiento la tiene el maquinista Jhon Rony López Jara, por encontrarse sano en sus facultades mentales, y por la experiencia de más de 20 años que tenía como conductor de trenes, conforme lo señaló el mismo en la declaración contenida a fojas 21 del Cuaderno de copias del Expediente Penal admitido como medio probatorio en resolución 32 de fecha 16 de diciembre de 2015 (fojas 1255) y por haber tenido varios accidentes en los cuales había arrollado a otras personas y ocasionado descarrilamientos, lo que debió hacer que actuara con más diligencia en el manejo de trenes, pues si la experiencia de haber fallado una, dos o más veces, no nos hace obrar con mayor responsabilidad y diligencia en un trabajo, entonces no somos aptos para seguir desempeñando esa función”. [El subrayado es mío]. Acá percibo otro salto lógico, por cuanto se parte (a diferencia de la primera instancia que se refiere al “hecho de la víctima”) de la literalidad del artículo 1972 del Código Civil y se argumenta que, por la condición de salud mental del menor, no se le puede atribuir “imprudencia”, y quien debió de ser diligente es el maquinista. Se olvida que, de acuerdo con el artículo 418 del Código Civil: “Por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho [sic] de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores”. De alguna manera se pretende justificar esta omisión sosteniendo que:“¿Siendo así, es posible que las empresas demandadas pretendan justificar la muerte de un menor como Bruno Hernán Rodríguez Rojas en las circunstancias acaecidas el 27 de julio de 2010? ¿Pueden argüir que la madre “dejó escapar” a su hijo intencionalmente?En otras palabras, si los padres presuntamente no tuvieron toda la diligencia en el cuidado de un hijo, ¿Ello puede justificar que un bien de naturaleza riesgosa accionado por una persona, pueda arrollar o atropellarlo y causarle la muerte? ¿Podemos justificar la muerte de un niño autista de 11 años de edad, solo fundamentándonos en la negligencia atribuida a los padres?¿Acaso las empresas Ferrocarril Central Andino S.A. y Ferrovias Central Andina S.A. consideran que tienen “patente de corso” para ocasionar accidentes seguidos de muerte contra niños por el sólo hecho de haber sido descuidados por sus padres, para luego alegar imprudencia de éstos y así justificar que el atropello y muerte de las víctimas es imputable a los padres y no las empresas demandadas que tenían la operación y concesión de tren y con un personal que conduce un bien riesgoso, pretendiendo así, evitar responder civilmente por el daño causado?”Si bien es cierto que las coordenadas legislativas expresas respecto a la responsabilidad civil de los padres por los daños que han ocasionado sus hijos han quedado derogadas por el nefasto D. Leg. N.° 1384, que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, del 3 de setiembre del 2018, hay que tener presente que los artículos 1975 y 1976 del Código Civil estaban vigentes en el momento en el cual sucedieron estos lamentables hechos. Autorizada doctrina nacional entendía, en posición que comparto, que la naturaleza de la responsabilidad civil de los padres es objetiva. Así, se afirma que el principio que se puede extraer de la jurisprudencia nacional es que por el solo hecho de ser padre se deviene responsable civilmente por los actos ilícitos de los hijos menores. Por consiguiente, el criterio subjetivo de la culpa deviene irrelevante. En efecto, “el padre debe responder por los daños que cause su hijo, pero no porque sea culpable sino, más bien, porque es el padre”[6]. Lejos de afirmar que la madre “dejó escapar a su hijo intencionalmente”, el que el menor se encontrase fuera del control de los padres no libera del deber del cuidado del hijo (art. 418 del CC), ni de la responsabilidad objetiva que se debió asumir de acuerdo con el artículo 1976 del Código Civil, es decir que recae en el representate legal y no en el menor privado de discernimiento. ¿Qué hubiera pasado si, en las mismas circunstancias, el menor extraviado hubiese ocasionado daños a otro menor? ¿Hubiera sido posible argumentar fractura causal por caso fortuito o fuerza mayor? En la misma sentencia que estoy comentando se afirma que: Sobre lo expuesto debe tomarse en cuenta que si bien es responsabilidad de los padres el encargarse la seguridad y custodia de sus hijos menores de edad, se considera que generalmente los niños son juguetones, traviesos y viven en constante movimiento, de modo que, acorde a las reglas de excepción su accionar a veces puede rebasar los cuidados de sus progenitores, siendo realmente posible que se alejen de ese ámbito de cuidado en razón de su conducta propia de “niños”, sin que ello signifique necesariamente que las persones mayores encargadas de su cuidado hayan incurrido en una conducta imprudente por negligencia o temeridad”. [El subrayado es mío].No se trata de evaluar si los padres han tenido una conducta imprudente, sino quién debe asumir las consecuencias (o costos si se prefiere) de los “hechos de los hijos”:a) La regla es que si los padres tienen el deber de cuidado de los hijos (ex art. 418 c.c.), ellos son responsables lato sensu del comportamiento de los hijos.b) La regla se aplica incluso cuando el daño ocasionado por el menor se dá en compañía de una baby-sitter o empleada encargada, o un amigo, o familiar a quien se le da la custodia del menor: todos ellos actúan como una longa manu de los padres.c) Distinto es el caso cuando los menores se encuentran en una estructura sanitaria o en un colegio. Válidamente los padres podrían argumentar —si hay daños ocasionados por el hijo— una fractura causal ex artículo 1972 del Código Civil por hecho de un tercero. En efecto, en estas situaciones, dichas estructuras, en el universo de derechos y obligaciones que conforman la relación jurídica que tienen con los padres, tienen la obligación del cuidado de los hijos, la cual es de mayor alcance cuando menor sea la edad de éstos. d) Si un menor (al igual que un mayor de edad) es atropellado por un automóvil, por ejemplo, se debe tener presente el artículo 276 del Reglamento Nacional de Tránsito, D. S. N.° 033-2001-MTC, del 23 de julio del 2001, cuyo T. U. O. ha sido aprobado por el D. S. N.° 016-2009-MTC, del 21 de abril del 2009, el cual establece:“Presunciones de responsabilidad respecto del peatón.El peatón goza del beneficio de la duda y de presunciones a su favor, en tanto no incurra en graves violaciones a las normas del tránsito, como cruzar la calzada en lugar prohibido; pasar por delante de un vehículo detenido, parado o estacionado habiendo tránsito libre en la vía respectiva; transitar bajo la influencia del alcohol, drogas o estupefacientes; cruzar intempestivamente o temerariamente la calzada; bajar o ingresar repentinamente a la calzada para intentar detener un vehículo; o subir o bajar de un vehículo en movimiento o por el lado izquierdo”.El principio subyacente es que, en el caso de un accidente de tránsito, al tratarse la conducción del vehículo automotor —sobre todo en nuestro país—, una actividad riesgosa, existe una presunción iuris tantum a favor del peatón, siempre y cuando “no incurra en graves violaciones a las normas de tránsito”. La pregunta es: ¿no debería aplicarse un principio similar en el caso de un accidente ferroviario? Máxime cuando el artículo 1 del Reglamento Nacional de Ferrocarriles, aprobado por D. S. N.° 032-2005-MTC, del 30 de diciembre del 2005, establece claramente que el mismo se da “en el marco de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre N.° 27181”.e) El artículo 22 del Reglamento Nacional de Ferrocarriles (que cita la primera instancia) precisa lo siguiente:“Prohibición de Tránsito ajeno a la actividad ferroviaria, por la vía férrea Está prohibido el tránsito por la vía férrea y/o la permanencia en ella, de animales, de vehículos y personas ajenas a la actividad ferroviaria, salvo autorización expresa de la Organización Ferroviaria a cargo de la vía férrea. El cruce de la vía férrea sólo puede efectuarse por los lugares autorizados expresamente para ello por la Organización Ferroviaria a cargo de la vía férrea”. Tampoco se trata de dar “patente de corso” al operador ferroviario para matar, sino que se debe hacer una equilibrada apreciación de los hechos a efectos de delimitar las responsabilidades. Lo que se constata es que el menor (cuyo cuidado personal es deber de los padres) infringió esta prohibición.La segunda instancia no concuerda con la primera respecto de la responsabilidad del concesionario. Así:“Por otro lado, no se ha tomado en cuenta que conforme a los artículos 31, 36, 38, 51 y 52 del Reglamento Nacional de Ferrocarriles aprobado por el D.S. N.° 032-2005-MTC las vías férreas deben tener todos los sistemas destinados a lograr y obtener que el movimiento de los trenes se efectúe en condiciones se seguridad y sin accidentes, observándose que en la vía férrea a la altura del kilómetro 14 donde sucedió el accidente, conforme a la fotografía que correa fojas 670 (tomo II del expediente) no se aprecia señalización alguna, ni baranda de protección que impida el ingreso de personas a la vía férrea, teniendo en cuenta que se ubica en una zona transitada donde se encuentra inclusive un grifo, estando a 100 metros aproximadamente al Este del cruce Carretera Central entrada Gloria Grande.Se considera entonces que no había ninguna medida de seguridad instalada en la vía férrea que evidencie que las empresas demandadas hayan cumplido con instalar sistemas de seguridad para evitar accidentes, conforme a la exigencia establecida en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles que regula entre otros, el mantenimiento y seguridad de la vía férrea, por lo que este Superior Colegiado no concuerda con la conclusión del A quo que señala que Ferrovías Central Andina S.A, no ha violentado mantenimiento de la vía férrea a que está obligada en su calidad de concesionaria encargada del manteamiento, rehabilitación y explotación del bien a su cargo, conforme a las reglas de naturaleza especial que regulan su actividad”.Ahora bien (siguen los “saltos lógicos”), la segunda instancia no explica cómo la presencia de la señalización o de la baranda de protección haya podido impedir que el menor se recueste en la vía férrea. En otras palabras, no se hace el forzoso análisis de la causalidad adecuada (que corresponde al demandante según el artículo 1985 del Código Civil; pero que el juez no está exento de efectuar) de la falta de implementación de estas medidas de seguridad con el daño sufrido. En mi opinión, a lo sumo estamos frente a una condición, mas no ante una causa.La parte demandante argumenta que no se ha valorado que el artículo 6 del D. S. N.° 032- 2005-MTC establece que la máxima velocidad de operación para los Trenes de Mercancías es de 16 km/h en zonas urbanas, mientras que el maquinista declaró haber conducido a una velocidad de 25 km/h, es decir a una velocidad mayor a la establecida en la citada norma, lo que acreditaría su actitud negligente al transitar por una zona urbana a alta velocidad.Este extremo ha sido descuidado en el iter argumentativo de la segunda instancia. Interpretando el punto 6.2 (Mantenimiento de la Red) del Contrato de Operación de Servicios de Transporte Ferroviario entre Ferrocarril Central Andino S. A. y Ferrovías Central Andina S. A., del 17 de setiembre de 1999, “el Concesionario se obliga a que la Red cumpla con los requisitos de Seguridad y Normas Técnicas”, debiendo “alcanzar los requisitos y estándares de la United States Railroad Administración (FRA) Clase II” en el tramo donde se produjo el accidente. Ahora bien, el artículo 6 del D. S. N.° 032- 2005-MTC establece que la máxima velocidad de operación para los Trenes de Mercancías es de 40 km/h en la Clase de vía 2 (y no de 16 km/h). Es decir, el maquinista (que la misma demandante reconoce que ha conducido a una velocidad de 25 km/h) estaba dentro de la velocidad reglamentaria.Respecto al monto indemnizatorio se entiende que:“Ante circunstancias semejantes ¿podemos pedirle a la demandante Lis Geraldine Rojas Loyola, que acredite con mayor acervo probatorio su sufrimiento al ver cuerpo destrozado de su menor hijo de 11 años, bajo las ruedas de un tren de carga? ¿Podemos exigirle que acredite su dolor por haber perdido para siempre a su hijo, al que nunca volverá a ver? Evidentemente no, pues queda claro que el daño moral o personal que sufre una madre consistente en el sufrimiento producido por la muerte del hijo, sin duda, es un acontecimiento que produce intenso dolor y pesadumbre a quien lo padece. Fundamentos por los cuales este Superior Colegiado considera que en forma adecuada el quantum indemnizatorio por daño moral debe fijarse en la suma de S/. 800,000.00 soles”.Aquí no hago más que reiterar que incluso el daño moral debe ser acreditado[7]. Es inobjetable que afectivamente los padres sufren por la pérdida de un hijo. De lo que se está solicitando probanza (en materia de daños) es por qué jurídicamente ese sufrimiento (que nadie discute) genera una obligación de dar, que se traduce en una acreencia. No sólo ello, sino también probar por qué la parte demandada cuantifica ese dolor en semejante cantidad de dinero (150 mil millones de soles). La segunda instancia (por estos motivos afectivos) sic et simpliciter decide otorgar S/. 800,000.00 soles. El hecho de que el daño moral (como el daño a la persona y todo tipo de daño) deba ser acreditado no impide que el operador jurídico se haga valer de presunciones legales (no sentimentales) y de sucedáneos (art. 282 del CPC), para que se genere la convicción que se ha producido, cosa que en esta decisión no se ha producido. Sólo después de ello procede aplicar el criterio equitativo, de acuerdo con el artículo 1332 del Código Civil.La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (Cas. N.° 1714-2018), con resolución del 21 de enero del 2019, declaró infundados los recursos de casación interpuestos por las demandadas y en consecuencia no casó la sentencia de vista. Merece particular atención el siguiente pasaje:“Las empresas recurrentes consideran que, si alguna persona se introduce en la vía férrea, dichas disposiciones las eximen de responsabilidad. Tal tesis no es compartida por este Tribunal Supremo, pues si bien se trata de normas prohibitivas de ninguna manera significan que ellas por sí mismas exoneren de responsabilidad a quien produjo un daño. Esa dispensa legal no existe, ni de la lectura de los dispositivos denunciados se puede extraer esa conclusión; se trata de afirmación insostenible que llevaría al absurdo, si se siguiera ese razonamiento lógico, que en todos los casos las empresas demandadas estarían eximidas de reparar el daño causado por accidentes ocurridos en la vía férrea, desde que según ellas existe prohibición de circular por esas zonas”.La razón de ser de la norma prohibitiva contenida en el artículo 22 del Reglamento Nacional de Ferrocarriles se configura, principalmente, en el caso de las personas, por el evidente riesgo en su salud o vida. Vale la pena tener presente el artículo 273 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre N.° 27181, el cual establece que la responsabilidad se presume en el caso de “un conductor que carezca de prioridad de paso o que cometió una infracción relacionada con la producción del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder a otro conductor, que, aun respetando las disposiciones, pero pudiendo evitar el accidente, no lo hizo”. No sólo se trata de la infracción al artículo 22 del Reglamento Nacional de Ferrocarriles, sino que el maquinista, que iba dentro de la velocidad reglamentaria, no pudo evitar dicho accidente. Lo que ha quedado acreditado es lo que fuera advertido por la primera instancia, que “el FACTOR PREDOMINANTE (es decir, la causa adecuada) fue el ingreso del menor a una vía especial y exclusiva como es la vía férrea y que ello, sumado a su especial condición de autista no le permitió valorar ni reconocer el peligro al que estaba expuesto”, no la alegada falta de la señalización o de la baranda de protección. ¿Se debe trasladar el costo económico de esta tragedia al operador ferroviario y al concesionario? En mi opinión, al configurarse la fractura causal por el hecho de la víctina, la respuesta es la negativa.Así sucedió cuando el Vigésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con Resolución N.° 15 de fecha 18 de diciembre de 1995, en el caso del atropello a un menor de 17 años (que escapaba de una redada policial) producido por un automóvil que se desplazaba por una vía de alta velocidad (como la vía expresa), estableció como indemnización por daño moral de la víctima la suma de $/. 3,000.00 (otorgada finalmente a los padres de la víctima debido a que ésta falleció en el desarrollo del proceso). Por su parte, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con Resolución N.° 637 de fecha 28 de junio de 1996, en segunda instancia, determinó que la imprudencia de la propia víctima, al cruzar una vía no destinada al tránsito peatonal, se configura como el factor determinante del evento lesivo, que conlleva, subsecuentemente, a establecer la exoneración de responsabilidad del agente, determinando que se revoque la decisión de primera instancia y que la demanda sea declarada infundada. Así debió fallarse en el caso bajo comentario.En este sentido, se afirma que “estamos de acuerdo de que dicho menor, falleció lamentablemente atropellado por el tren y que la responsabilidad por el accidente ferroviario resulta objetiva, pero sin embargo, aquí no correspondía evaluarse la existencia de una fractura causal, por una concausa, dado que el daño producido es consecuencia de la conducta del autor, en el caso de autos, conducta la cual debe ser asumida por su progenitora, quién sabiendo que su menor hijo padecía de autismo tenía que tener un cuidado mayor con el mismo para evitar que puedan producirse las consecuencias lamentables en cuales falleció el mismo. En tal, sentido, resultaba adecuado el criterio empleado por el juez de primera instancia para desestimarse la demanda”[8].También se aprecia que “la Corte no efectuó un adecuado razonamiento porque se encontraba bajo el influjo de un atajo mental provocado en este caso por el sesgo de favorecer solidariamente a la víctima frente a un suceso profundamente lamentable como lo es la muerte de un hijo”[9]. Otro aspecto que me sorprendió es que si bien los magistrados de la segunda instancia y de la Corte Suprema entienden que son responsables tanto el operador ferroviario como el concesionario, omiten invocar la solidaridad ex artículo 1983 del Código Civil.Evidentemente no se desconoce “la condición especial del menor”; pero (más allá de la solidaridad que pueda inspirar esta desgracia), jurídicamente, los padres eran los llamados a asumir las consecuencias de esta tragedia por las razones que se han expuesto en esta columna. Y, aunque peque por decir lo evidente, el hecho de que nos encontremos frente a un supuesto de responsabilidad objetiva por riesgo no impide que se puedan presentar supuestos de fractura causal o (en todo caso) de concurrencia de responsabilidad de la víctima.[1] Presidente de la República. Decreto Supremo N.° 032-2005-MTC Artículo 22.- Prohibición de Tránsito ajeno a la actividad ferroviaria, por la vía férrea Está prohibido el tránsito por la vía férrea y/o la permanencia en ella, de animales, de vehículos y personas ajenas a la actividad ferroviaria, salvo autorización expresa de la Organización Ferroviaria a cargo de la vía férrea. El cruce de la vía férrea sólo puede efectuarse por los lugares autorizados expresamente para ello por la Organización Ferroviaria a cargo de la vía férrea.[2] Véase la página 19 del expediente principal, punto III DESCRIPCIÓN ANÁLITICA, acápite A. INSPECCIÓN TÉCNICO POLICIAL, PUNTO 1. Referente a la Vía. [3] Véase el acápite E. Análisis Integral, punto 3 del Informe Técnico N.° 322-10-UIAT-PNP-G1 a folios 23 del expediente. [4] A folios 23 del expediente. [5] Parte final de la página 21 e inicial de la página 22 del expediente. [6] De Trazegnies Granda, Fernando, La responsabilidad extracontractual, vol. iv, t. i, Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 1988, p. 413. [7] Espinoza Espinoza, Juan, “El contenido y la prueba del daño subjetivo o no patrimonial: ¿In re ipsa?”, en Actualidad Civil, vol. 7, Lima: enero del 2015, pp. 192-206. [8] Valdivia Rodríguez, Carlos Manuel, “El hecho de la propia víctima al ingresar a una vía férrea no causa la fractura del nexo causal: Análisis de la Casación N.° 1714-2018-Lima”, en Actualidad Civil, n.° 65, Lima: noviembre del 2019, p. 77. [9] Campos Bermúdez, José, “¿Responsabilidad por riesgo o garantía? en la responsabilidad objetiva aplicada a la actividad de las empresas de transportes”, en Actualidad Civil, n.° 65, Lima: noviembre del 2019, p. 51.
Por Juan Espinoza Espinoza
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65 / PRESENTACIÓN

Presentación

65 / ESPECIAL DEL MES

¿Responsabilidad por riesgo o garantía? en la responsabilidad objetiva aplicada a la actividad de las empresas de transportes. Comentarios a la Casación N.° 1714-2018 Lima

Por José Antonio Campos Bermúdez - [pp. 25-54]
65 / ESPECIAL DEL MES

El hecho de la propia víctima al ingresar a una vía férrea no causa la fractura del nexo causal. Comentarios a la Casación N.° 1714-2018 Lima

Por Carlos Manuel Valdivia Rodríguez - [pp. 55-82]
65 / ESPECIAL DEL MES

El caso Brunito: culpabilidad y criterio de imputación en la responsabilidad civil. Comentario a la Casación N.° 1714-2018 Lima

Por Guillermo Andrés Chang Hernández - [pp. 83-97]
65 / CIVIL

Las asociaciones pro vivienda: una persona jurídica en proceso de extinción.

65 / CIVIL

El asociado puede utilizar la vía ordinaria para impugnar acuerdos que supongan cualquier violación del ordenamiento jurídico

65 / CIVIL

¿Se justifica la variación de un prenombre que figura en la partida de nacimiento por error del registrador si su titular ha utilizado otro a lo largo de su vida?.

65 / CIVIL / DERECHO DE FAMILIA

La infidelidad como nueva causal de divorcio o separación de cuerpos en el Código Civil

Por Rosa María Mejía Chumán - [pp. 149-159]
65 / CIVIL / DERECHO DE FAMILIA

¿Es nulo el segundo matrimonio celebrado entre los mismos cónyuges pese a que el primero llegó a disolverse por divorcio?

65 / CIVIL / DERECHO DE FAMILIA

La tenencia debe asegurar el interés superior del niño de modo que se le permita tener una relación afectiva con el progenitor que no vive con él.

65 / CIVIL

¿Puede aplicarse una excepción de incumplimiento en obligaciones de saneamiento derivadas de una cesión de derechos?

65 / CIVIL

La formación contractual: el modelo italiano frente al espejo del sistema jurídico eurocontinental

Por Rocco Favale - [pp. 173-204]
65 / CIVIL

Procede el retracto sobre venta directa derivada de un proceso concursal cuando el potencial retrayente no fue notificado del acto de liquidación

65 / PROCESAL CIVIL

El ofrecimiento de una inspección judicial subsana la ausencia de información sobre el área de la servidumbre reclamada

65 / PROCESAL CIVIL

El inicio de la prescripción extintiva y el documento de fecha cierta. Comentario a la Casación N.° 4578-2016 Junín

Por Franklin Eduardo Ocampo Cabanillas - [pp. 223-245]
65 / PROCESAL CIVIL

¿Qué criterios debe verificar el juez para declarar liminarmente la falta de interés para obrar del demandante por existencia de cosa juzgada?

65 / PROCESAL CIVIL / PROBATORIO

Las presunciones por conducta procesal frente a la negativa a practicar la prueba de ADN y los criterios para determinar el derecho a la identidad de nuestra infancia y adolescencia

Por Cesar Augusto De La Cuba Chirinos - [pp. 259-298]
65 / PROCESAL CIVIL / PROBATORIO

¿Para resistir una demanda de desalojo puede alegarse la existencia de un contrato verbal de compraventa?.

65 / PROCESAL CIVIL / PROBATORIO

El cuestionamiento a la falsedad de un documento no se hace efectivo con la sola contestación de la demanda.

65 / PROCESAL CIVIL / PROCESOS

Nuevas medidas procesales inspiradas en el carácter tuitivo del juez de paz letrado sobre instituciones de amparo familiar

Por Miller Gustavo Castro Lupa - [pp. 317-337]
65 / PROCESAL CIVIL / PROCESOS

No puede declararse el abandono del proceso cuando se encuentra pendiente la ejecución de un peritaje

65 / PROCESAL CIVIL / PROCESOS

¿Vulnera el principio de congruencia la sentencia que no restituye la totalidad del área reclamada en la demanda de reivindicación?

65 / DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL / DOCTRINA PRÁCTICA

Realización del procedimiento registral superando el uso del papel. Un gesto en la conservación del medio ambiente: el SID

65 / DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL / NOS PREGUNTAN Y CONTESTAMOS

¿La compradora del bien con reserva de propiedad puede inscribir su título con una inscripción de un embargo anterior?

65 / DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL / RESEÑA DE JURISPRUDENCIA

La adquisición de un bien registral implica una mínima conducta diligente de verificación e información conforme a los cánones mínimos de honestidad

65 / JURISPRUDENCIA FUNDAMENTAL

El uso y habitación de los familiares legitiman la posesión

65 / ACTUALIDAD LEGAL Y JURISPRUDENCIAL

I. Reseña de las principales normas civiles, procesales civiles y registrales publicadas en el último mes

65 / ACTUALIDAD LEGAL Y JURISPRUDENCIAL

II Resumen de las principales normas civiles, procesales civiles y registrales del mes.

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