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Edición 142

Abril 2026

142 / COLUMNA DEL MES

¿Derechos de los animales o deberes de las personas para con los animales?

Uno de los grandes aportes e innovaciones que introdujo el Código Civil peruano, en lo que a situaciones jurídicas existenciales o derechos de las personas se refiere, es la categoría de sujeto de derecho. Fernández Sessarego (1986), mi maestro, en la exposición de motivos, explicaba que esta categoría jurídica se refiere al “ente al cual el ordenamiento jurídico imputa derechos y deberes. En la experiencia jurídica este ente o centro de referencia normativo no es otro que el ser humano, antes de nacer o después de haberse producido este evento, ya sea que se le considere individualmente o como organización de personas. El término ‘sujeto de derecho’ resulta así genérico al designar cualquier modalidad que asuma la vida humana en cuanto dimensión fundamental de lo jurídico” (p. 48).He constatado con sorpresa que un sector de la doctrina, así como algunos jueces, legisladores y, para no ser menos, asesores (¿legales?) de municipalidades provinciales, están defendiendo la posición de que los animales son sujetos de derecho. El propósito de estas líneas es el de pretender demostrar que ello es un craso error conceptual.Comienzo con la (derogada) Ley N.º 27265, Ley de Protección a los animales domésticos y a los animales silvestres mantenidos en cautiverio, del 19 de mayo del 2000, en la cual se hacía referencia a los “derechos de los animales”1 (sic). La cadena de “desatinos legislativos” continuó con la Ley N.º 27596, Ley que regula el Régimen Jurídico de Canes, del 13 de diciembre del 20012, y se acentuó con el Reglamento de esta ley, aprobado por Decreto Supremo N.º 006-2002-SA, del 21 de junio del 2002, cuya primera parte del artículo 5 prescribe lo siguiente:Todo can tiene derecho a la protección de la vida, a su integridad física que incluye la salud y la alimentación que debe brindarle su propietario, tenedor o criador, a fin de que pueda desarrollarse en un ambiente apropiado, en armonía y sociabilidad con la comunidad.En estos casos el legislador confunde (gruesamente) los conceptos de sujeto de derecho y bien jurídico tutelado. Solo pueden ser titulares de derechos aquellos centros de imputación denominados sujetos de derecho. Por bien jurídico se entiende el “objeto de protección del derecho” (Nuñez, 1985, p. 189), es decir, una categoría de atención preferente. En efecto, el ordenamiento jurídico puede decidir proteger determinadas realidades, en función de intereses (humanos) determinados. Así, si se prohíbe pisar el césped, ello no significa que el pasto tenga el derecho a no ser pisado: es en función de los intereses propios de los sujetos de derecho que se tutela su ambiente (césped incluido).Entiendo que en esta línea se ubica el artículo 14 de la Ley N.º 30407, de protección y bienestar animal, del 22 de diciembre del 2015 (que derogó la Ley N.º 27265), el cual regula lo siguiente: Animales como seres sensiblesPara fines de la aplicación de la presente Ley se reconoce como animales en condición de seres sensibles a toda especie de animales vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio.Ironía de la vida: esta ley es discriminadora. Pregunto: ¿por qué los animales invertebrados (es el caso de los insectos) no son catalogados como seres sensibles? ¿Acaso no merecen protección? Toda especie animal, sin distinción alguna, merece protección jurídica, sin llegar a incoherencias como la contenida en una desafortunada sentencia que, innecesariamente, califica como sujeto de derecho a un zorro. En efecto, mediante Resolución N.º 11, del 28 de junio del 2024, del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima (Exp. N.º 04921-2021-0-1801-JR-DC-03), se decidió lo siguiente:Declarar FUNDADA la demanda contra el SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE por la vulneración de los derechos del “Zorro Run Run” derivado de los Derechos de la Naturaleza como parte de la Constitución Ecológica, por los hechos acontecidos y la falta de Protocolos específicos que evitaron la reinserción a su hábitat natural.Tanto la naturaleza como los animales y las plantas son bienes jurídicos tutelados y, en su calidad de seres sensibles, merecen especial protección. ¿Cómo? Estableciendo sanciones civiles, penales y administrativas a quienes los maltraten —sobre todo, hacer que se cumplan—, mas no declarándolos simbólicamente como sujetos de derecho. No discuto que este espécimen de Lycalopex culpaeus deba ser integrado a su hábitat natural, sino el errado razonamiento conceptual en el que se incurre.Con mayor criterio, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución N.º 3, del 9 de enero del 2025, ha declarado nula la sentencia de primera instancia por defecto de motivación, en atención a las siguientes consideraciones: SEXTO: De lo anterior, puede verificarse que el Juez A quo, a efectos de amparar la demanda, ha considerado al zorro “run run” como sujeto de derecho, pues categorizarlo de esta manera es un paso previo e inevitable al razonamiento efectuado para otorgarle derechos individuales, lo cual se corrobora, por ejemplo, cuando señala que: “Es así que el ‘Zorro Run Run’, como miembro parte de la Naturaleza, amerita una protección diferenciada y autónoma de sus derechos”; “[...], pues las evidencias solo demuestran que el ‘Zorro Run Run’, al momento de los hechos, tenía comprometido su vida e integridad”; “[...] la integridad forma parte de la dimensión vital del sujeto y que el mismo tiene implicancias en la salud”; y, “[...] que afecten el normal funcionamiento de sus órganos, atenta directamente al núcleo de su derecho a la integridad, el cual también puede repercutir en la vulneración de su derecho a la vida”.Sin embargo, no desarrolla los fundamentos para concluir que el zorro “Run Run”, y en general todos los animales, no se hace ningún distingo, pueden ser considerados como sujetos de derecho, pues no es suficiente remitirse a una sentencia dictada por un tribunal constitucional en el contexto internacional y limitarse a declarar que el derecho debe encaminarse a nuevas formas de mirar a los animales, considerándolos como seres con fines en sí mismo y merecedores de tutela efectiva por la justicia constitucional y desterrar la idea de superioridad de los humanos frente a otras formas de vida, y pasar del enfoque antropocéntrico del derecho a uno donde el ecocentrismo sea parte de nuestro ordenamiento jurídico, visualizando un tratamiento de respeto mutuo entre los seres humanos, la naturaleza y los animales, basado en los principios de igualdad y no especismo; sino que debe justificar y armonizar la aplicación de esta teoría en relación con nuestro ordenamiento jurídico y no simplemente decidir por su aplicación sin realizar ninguna evaluación o implicancias en nuestro sistema jurídico.En efecto, si bien es cierto existe una nueva corriente jurídica que debe tenerse frente a la flora y fauna, y a la naturaleza en general; también lo es que, es necesario armonizar estas nuevas tendencias con los ordenamientos jurídicos vigentes. En el caso en concreto, merece relevancia el tema de los sujetos de derecho que guarda estrecha relación con otras categorías como la capacidad o personalidad. En ese sentido, no puede desconocerse que los sujetos de derecho son comprendidos como centros de imputación o centros de referencia normativa de derechos y obligaciones atribuibles histórica y sistemáticamente a la vida humana; y en nuestro sistema jurídico, el Código Civil ha desarrollado al sujeto de derecho como una categoría jurídica que sirve de sustento para el desarrollo de otras categorías como son la propiedad, los contratos y demás derechos ya sean patrimoniales y no patrimoniales (vida, libertad, intimidad, honor, reputación, imagen, etc).En esta línea, en la sentencia apelada el juzgador asume una moderna posición teórica sin realizar análisis alguno respecto de la categoría de sujeto de derecho regulada por nuestro ordenamiento jurídico; pues, reconocer y aplicar la teoría ecocentrista a que hace referencia, únicamente, por su aplicación en un contexto internacional, en absoluto significa que deba desconocerse todo un desarrollo dogmático y normativo en donde se considera como sujetos de derechos a escenarios jurídicos vinculados a la vida humana.El mismo Tribunal Constitucional, en el Expediente N.º 00022-2018-PI/TC, señaló que:92. En tal sentido, estimo que debe reconocerse lo siguiente:(i) Existe un deber constitucional de protección hacia los animales, que deriva de su condición de seres vivos sintientes. La sociedad tiene un interés legítimo en asegurar su bienestar y evitarles sufrimientos innecesarios o injustificados. Esta protección, así como la que corresponde al medio ambiente, les corresponde per se, es decir, por el valor que tienen en sí mismos, más allá de la utilidad que tengan para los seres humanos.(ii) Este deber de protección puede limitarse o suspenderse siempre que existan motivos razonables y legítimos para ello, vinculados con las necesidades humanas. Esto permite la crianza de animales para el consumo, su tenencia como animales de compañía, su uso restringido en actividades culturales o deportivas de notorio arraigo en las tradiciones nacionales, entre otros. En lo pertinente, estas actividades deben realizarse conforme a ley.93. La relación entre ambos puntos se explica por el estatus especial que tienen los animales en el ordenamiento jurídico. Y tal relación se ve reflejada en la definición que tiene la Ley 30407 sobre el concepto de crueldad contra los animales: “todo acto que produzca dolor, sufrimiento, lesiones o muerte innecesarias de un animal”.Es decir, el propio Tribunal Constitucional reconoce el deber del Estado y la sociedad de proteger a los animales por el valor que tienen por si mismos; sin embargo, admite diversas excepciones, otorgándole implícitamente una nueva categoría jurídica, que no necesariamente los convierte en sujetos de derechos, pues de ser así, no podrían existir las granjas de animales para consumo humano, ni zoológicos, ni la tenencia de animales de compañía o para la realización de actividades culturales o deportivas, ni la eutanasia animal.En esta misma línea, explica (Varsi 2020)3:“Hay Códigos, como el de Austria, Alemania, Suiza y Cataluña, que específicamente dice que no son cosas, pero no le otorga una categorización. Entonces, aquí entra una nueva teoría que trata de enmarcar a los animales dentro de esta característica de la sensibilidad, al ser seres sintientes, de denominarlos “subjetos”, es decir, que están por debajo del sujeto. Pero viene la discusión de cómo pueden ser beneficiarios o acreedores de derechos, porque los derechos son originarios del ser humano, y el ser humano es el único que por su dignidad puede tener derechos. Aquí, lo que hay que argumentar es cómo le otorgamos una protección, más allá de que existen Tratados, Declaraciones Universales, e incluso leyes a nivel local que nos hablan de Derecho del can, por ejemplo, del derecho a la eutanasia o del derecho a ser alimentado, genera una discusión. No necesariamente lo que la norma sindica termina siendo un derecho o es un atributo de protección que se le irrogaría a este ser con vida, que otorga una utilidad a la sociedad, y en otro caso permite la realización del proyecto de vida de una persona cuando termina siendo su mascota”.Por otro lado, visto el contenido de la pretensión reclamada puede verificarse sin mayor forzamiento que el juzgador de origen ha resuelto en exceso respecto de lo pretendido, sin justificar esta decisión, pues no desarrolla los fundamentos por los cuales la entidad demandada debe desarrollar normatividad especial para la protección particular de la especie Lycalopex culpaeus respecto de otras.De acuerdo con la decisión adoptada en segunda instancia. Sin embargo, creo pertinente hacer las siguientes precisiones:a) Los puntos 92 y 93 citados en la sentencia del Tribunal Constitucional, en el Expediente N.º 00022-2018-PI/TC, pertenecen solo al voto del magistrado Ramos Núñez.b) No creo necesario introducir la artificiosa y equívoca categoría de “subjetos” (dicho sea de paso, subiectum es un término latino que significa “sujeto”), por cuanto los animales —aunque objetos de derecho— son definidos por la propia Ley N.º 30407 como “seres sensibles”: este nomen iuris resulta más que suficiente para identificar a los animales como una categoría de atención preferente, los cuales, en tanto bienes jurídicos tutelados, son merecedores de protección y cuidado.Como reflexión general, viene en auxilio Von Ihering (1947), quien consideraba como una de las reglas de simplificación del derecho, el arte de emplear hábilmente lo que existe, advirtiendo que muchas veces se suele “emplear medios artificiales, rodeos y vueltas, agotando el uso de los medios existentes hasta los límites más extremos y ayudándose mañosamente para utilizar solo lo que tiene ya a mano” (p. 401).En su segunda decisión, el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, con resolución N.º 14, del 20 de enero del 2026, se declara —entre otros extremos— fundada la pretensión principal. Sin embargo, se aprovecha la oportunidad para expresar el siguiente obiter dictum:En el presente caso, el Informe N.º 562-2021/GOS-SZO es esencial para determinar el grado de afectación a la integridad del “Zorro Run Run”, pues, como lo hemos establecido supra los animales son seres sintientes y de acuerdo a los principios que irradian de nuestra “Constitución Ecológica” leída a luz del enfoque ecocéntrico, es que este juzgador busca armonizar nuestro ordenamiento jurídico al replantear conceptos como el de “sujeto de derecho”, creando una nueva categoría para el caso de los “animales”. Ello, en virtud de que, si bien a través del “principio de protección animal” se puede brindar una forma de tutela para los animales; sin embargo, su lectura sigue siendo desde la visión del beneficio del ser humano (antropocéntrico) y no como fines en sí mismos, es decir, de acuerdo a su propia naturaleza el Estado debe movilizar su aparato estatal con la finalidad de garantizar y proteger a los animales. Así, por ejemplo, en el caso en particular, aunque no sea parte del petitorio de la demanda el declarar al Zorro Run Run como sujeto de derecho de acuerdo a la definición propuesta supra, este juzgador no quiere dejar de advertir que en el presente caso, conforme lo evidencia el Informe N.º 562-2021/GOS-SZO, el animal materia de protección habría padecido una situación de peligro en relación a su integridad, pues los resultados de los exámenes realizados solo evidencian el grado de precariedad en la que se encontraba, más aún, cuando producto de la venta ilegal de animales este habría recaído en una familia donde lo habrían confundido con un perro doméstico, siendo sometido a un hábitat no concorde con su naturaleza silvestre. En ese sentido, las acciones, como la domesticación y la humanización de animales silvestres, u otros tratos que resulten perjudiciales a la preservación y/o conservación de animales silvestres (como el “Zorro Run Run”) o que afecten el normal funcionamiento de sus órganos, atenta directamente con lo que podríamos decir, una nueva forma de ver el derecho a la integridad del animal; derecho que conforme a la Ley de Protección Animal y la Constitución Ecológica, a la luz del enfoque ecocéntrico, se encuentra relacionada con el interés de “no padecer sufrimiento” por causa humana, situación esencial que al no ser tutelado de forma oportuna podría recaer en una afectación directa en su vida. En ese marco, este juzgador, además, no puede dejar de advertir que, si bien en el presente caso no se puede declarar la vulneración de la integridad del “Zorro Run Run”, conforme al actual contenido constitucionalmente protegido del referido derecho, debido a la ausencia de pretensión del demandante. Sin embargo, ello no quiere decir que en casos posteriores la administración de justicia pueda evaluar una posible afectación de este derecho, leída a la luz de los nuevos contenidos que esta sentencia ha desarrollado. [El subrayado es mío].Nadie discute que se debe proteger la integridad de los animales; pero insisto en la innecesariedad (aparte de tratarse de un craso equívoco conceptual) de reconocerles el status de sujetos de derecho. En esta línea confusionaria se encuentra también, la Ordenanza Municipal N.º 33-2025-CM/MPS de la Municipalidad Provincial de Satipo, del 27 de octubre del 2025, en la cual se aprueba la Ordenanza que promueve la declaratoria de derechos de las abejas sin aguijón en el territorio de la Reserva de Biósfera Avireri Vraem, cuyo artículo 1 reconoce como objeto:Promover y declarar formalmente a las abejas amazónicas sin aguijón y a su hábitat como sujetos de derechos, reconociéndoles derechos intrínsecos, como existir, mantener poblaciones saludables, vivir en un ambiente sano, conservar y regenerar su hábitat y vinculando su protección con la conservación integral del Amazonas.La legislación nacional es clara: los animales son “seres sensibles” (art. 14 de la Ley N.º 30407); pero no dejan de ser objetos de derecho. Francisco García Calderón (1860), sobre la voz “animales”, explicaba que “están comprendidos en la clase de bienes muebles: sin embargo, se les da la denominación especial de semovientes, esto es, que se mueven por sí, para diferenciarlos de las demás cosas muebles que carecen de vida, y que necesitan ser transportadas de un lugar á otro por la mano del hombre” (p. 147). Por su parte, Manuel Atanasio Fuentes y Miguel Antonio De la Lama (1877), en la misma voz, sostenían que “la ley se ocupa de los animales en cuanto puede ser propiedad del hombre, adquiriendo sobre ellos los derechos que pueden darle el hecho de haberlos apresado ó cazado, de haberlos domesticado ó adquirido por alguno de otros medios reconocido por derecho” (p. 48).Siguiendo a sus predecesores —el artículo 494 del Código Civil de 18524 y el 880 del Código Civil de 19365—, el artículo 946 del Código Civil regula que:El propietario de animal hembra adquiere la cría, salvo pacto en contrario.Para que los animales se consideren frutos, basta que estén en el vientre de la madre, aunque no hayan nacido.En los casos de inseminación artificial realizada con elementos reproductivos procedentes de animal ajeno, el propietario de la hembra adquiere la cría pagando el valor del elemento reproductor, si obra de buena fe, y el triple de dicho valor, si lo hace de mala fe. [El subrayado es mío].Partiendo de la premisa que los animales son propiedad del dueño (situación que no es negada en el art. 5.3 de la Ley N.º 30407), se produce la accesión natural, por cuanto, como enseñaba Lucrecia Maisch (1980), “las crías de los animales hembras corresponden al propietario de dichos animales” (p. 54). Jorge Eugenio Castañeda (1973) explicaba que “es a la madre evidentemente a quien corresponde la gestación y el sacrificio que supone el parto y la lactancia; por lo que la cría viene a ser como una porción de las entrañas de la madre (partio viscerum, matris). Se puede pactar, sin embargo, que la cría pertenezca al dueño del semental y este contrato es lícito, no solo porque lo autoriza el dispositivo del cód., sino porque no viola ninguna ley de orden público” (p. 259). En efecto, las crías de los animales jurídicamente son frutos naturales6. Así, se trata de “un rendimiento o provecho económico que se EXTRAE de un bien conforme a su destino y sin alterar su esencia”, en este caso, de manera inmediata, tratándose de “provechos orgánicos de los bienes” (Gonzales Barrón, 2003, p. 170).En esta línea, de acuerdo con el artículo 1521 del Código Civil, los animales, en tanto bienes, son susceptibles de ser transferidos contractualmente. Así:En la transferencia de animales, el saneamiento por vicios ocultos se regula por las leyes especiales o, en su defecto, por los usos. A falta de estos últimos, se observarán las normas que anteceden. [El subrayado es mío].En la Exposición de Motivos se advierte que, “salvando un defecto de técnica jurídica, el precepto se refiere a las transferencias y no se limita, como sucedía antes7, al contrato de compraventa” (Arias-Schreiber Pezet et al, 1985, p. 193). Se advierte que el artículo 1521 del Código Civil “se inspira casi literalmente” (De la Puente y Lavalle, 1993, p. 542) en el artículo 1496 del Código Civil italiano. Aunque, a decir verdad, se refiere a la “venta” de los animales. Por ello, atenta doctrina sostiene que la venta de animales se reduce, en definitiva, a un problema de garantía (Benedetti y Pesce, 2024, p. 175). En efecto, frente a la transferencia del animal que jurídicamente (humanidades y afectos aparte) es un bien, como tal es susceptible de contener un vicio oculto, que, si no es informado por el transferente, genera responsabilidad civil contractual frente al adquirente.Para que quede claro, como explica atenta doctrina nacional, “la norma legal bajo estudio considerando que los animales son bienes, por ende, susceptibles de ser adquiridos, por tanto, transferidos mediante un contrato, establece que dichos bienes pueden contener vicios ocultos y enseguida propone la regulación de aplicación a este supuesto” (Arias Villagómez, 2022, p. 225).Con respecto a la remisión que hace el artículo 1521 del Código Civil a las leyes especiales, se observa que “hasta el momento no se ha emitido alguna ley que contenga reglas aplicables sobre el saneamiento en las transferencias de animales, ello nos hace pensar que en la mente de nuestro legislador nunca estuvo hacerlo, sino simplemente se limitó a ‘seguir’ la fórmula de la legislación extranjera” (Muro Rojo y Huanco Piscoche, 2004, p. 990). Si bien no existe una disposición legal específica sobre el saneamiento en las transferencias de animales, en materia de venta de mascotas, se aplica el artículo 18 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N.º 29571, del 1 de setiembre del 2010, el cual establece que:Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.En el lamentable caso de la venta de un cachorro con distemper, la Comisión de Protección al Consumidor N.º 2, Sede Central, con Resolución Final N.º 1595-2017/CC2, del 19 de setiembre del 2017, sancionó al proveedor, aplicando tanto el artículo 18 como el 198 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Se tuvo en cuenta también el contrato de transferencia de propiedad celebrado entre las partes, en el cual se pactó́ lo siguiente:Si se presentara en la mascota síntomas de enfermedad EL CLIENTE deberá comunicarse con nosotros al instante para que el cachorro reciba atención inmediata por un médico de nuestra confianza o representación para ser beneficiario de la garantía; en caso de no ser así pierde todos los beneficios.Se ordenó la devolución del pago realizado por los denunciantes para la adquisición del cachorro, que se reintegre los gastos incurridos por los denunciantes por concepto de atención veterinaria y tratamiento del cachorro materia de denuncia. Mediante Resolución N.º 0580-2018/SPC-INDECOPI, del 19 de marzo del 2018, se declaró concluido el procedimiento, al haber llegado las partes a un acuerdo conciliatorio que puso fin a la controversia.La forzosa conclusión a la cual debemos llegar no es que los animales deban tener derechos, sino que las personas tienen el deber (entendido como un imperativo moral y jurídico) de protegerlos. Hemos visto que el Código Civil los considera bienes y las crías de estos (si pertenecen a un propietario) son frutos naturales. También que existe una obligación de saneamiento por la venta de animales por vicios ocultos. Asimismo, que el dueño es responsable civil por los daños que ocasionan sus animales (art. 1979 del CC). En suma: son objetos de derecho. La Ley N.º 30407 ha dado un gran paso adelante al catalogarlos como “seres sensibles” (art. 14). No solo eso: se han establecido deberes de las personas (propietarios incluidos) (art. 59) y del Estado (art. 710) para con los animales; se prohíbe toda práctica que pueda atentar contra la protección y el bienestar animal (art. 2211); se han tipificado infracciones y sanciones administrativas (art. 3012); se ha tipificado el delito de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres (art. 206-A del CP13), entre otros aspectos: no demos pasos para atrás.Como se ve, mi posición —en el resultado— coincide con la de los animalistas.En el caso que admitamos que los animales son sujetos de derecho, cabría preguntar ¿tienen capacidad de goce?, ¿capacidad de ejercicio?, ¿a través de quién o quiénes ejercitan sus derechos y sus deberes? Temo que estas preguntas carecen de respuestas coherentes con nuestro sistema normativo… salvo que se trate de una declaración de carácter simbólico.Lo prioritario es (¿por qué no decirlo?) amar a los animales y darles la protección que merecen como seres sensibles: precisamente por ello no dejan de ser bienes jurídicos que deben ser tutelados. Es una exigencia concientizar a la colectividad respecto de los deberes y responsabilidades que tenemos para con ellos y ya es hora que las autoridades asuman un rol proactivo al respecto. El declarar solemnemente que se consideran sujetos de derecho, no es más que un inútil ritual.Concluyo citando nuevamente a mi maestro, Carlos Fernández Sessarego (1962), con quien coincido plenamente: “cuando aparentemente se atribuyen ‘derechos’ a animales, cosas o seres inanimados, es dable advertir que lo que se establece es determinada forma de comportamiento de hombres frente a esos entes. Así, en los casos de disposiciones normativas protegiendo a los animales domésticos de malos tratos o prohibiendo la caza, ello no significa que se estén atribuyendo facultades a los animales domésticos o a los silvestres, respectivamente, sino lo que se está estatuyendo son deberes a cargo de hombres en el sentido de exigirles un comportamiento debido. Mas este deber no tiene como correlato normativo la facultad asignada a dichos animales de exigir se les respete. Esta exigencia corre a cargo de los propietarios o detentadores de los animales o de la comunidad a través de sus órganos, de sus funcionarios, los que tienen el derecho o facultad de exigir el debido respeto al deber estatuido o la verificación de la sanción” (p. 190).Referencias bibliográficasArias Villagómez, B. (2022). Vicios ocultos en la transferencia de animales, Comentario al art. 1521 del Código Civil. En Nuevo comentario del Código Civil peruano, dirigido por Juan Espinoza Espinoza (t. x: Fuentes de las Obligaciones, tercera parte). Instituto Pacífico.Arias-Schreiber Pezet, M. (con la colaboración de Carlos Cárdenas Quirós y Angela Arias-Schreiber Montero) (1985). Exposición de motivos y comentarios. Contratos en General. En Código Civil. VI. Exposición de motivos y comentarios, Comisión encargada del estudio y revisión del Código Civil (compilada por Delia Revoredo de Debakey). Okura.Benedetti, A. y Pesce, E. (2024). Disciplina del contratto e vendita di animali d’affezione. En Il benessere degli animali non umani. Valore autonomo o strumentale? (a cura de Isabel Fanlo Cortés y Giovanna Savorani). Genova University Press.Castañeda, J. E. (1973). Los derechos reales (t. i, 4.a ed.). Talleres Gráficos P. L. Villanueva.De la Puente y Lavalle, M. (1993). El contrato en general. Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil (vol. xv, segunda parte, t. vi). Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.Espinoza Espinoza, J. (2013). Derecho de la responsabilidad civil (7.a ed.). Rodhas.Fernández Sessarego, C. (1986). Derecho de las personas. Exposición de motivos y comentarios al Libro Primero del Código Civil peruano. Studium.Fernández Sessarego, C. (1962). La noción jurídica de persona. San Marcos.Fuentes, M. A. y De la Lama, M. A. (1877). Voz “Animales”. Diccionario de jurisprudencia y de legislación peruana (t. i, Parte civil, A-I). Imprenta del Estado.García Calderón, F. (1860). Voz “Animales”. Diccionario de la legislación peruana (t. i. A-D). Imprenta del Estado por Eusebio Aranda.Gonzales Barrón, G. (2003). Curso de derechos reales. Jurista Editores.Maisch Von Humboldt, L. (1980). Los derechos reales (2.a ed.). Sesator.Muro Rojo, M. y Huanco Piscoche, H. (2004). Vicios ocultos en la transferencia de animales. Comentario al artículo 1521 del Código Civil. En Código Civil comentado (t vii, Contratos en general). Gaceta Jurídica.Nuñez, J. M. (1985). Voz “Bien jurídico”. Enciclopedia jurídica Omeba (t. ii). Driskill.Varsi Rospigliosi, E. (2003). Comentario al artículo 946 del Código Civil. Propiedad y naturaleza jurídica de las crías animales. Frutos naturales. En Código Civil comentado (t. v, Derechos reales). Gaceta Jurídica.Von Ihering, R. (1947). Abreviatura del espíritu del derecho romano (trad. por Fernando Vela. Revista de Occidente Argentina.
Por Juan Espinoza Espinoza
[pp. 5-13]| Audio disponible |
142 / PRESENTACIÓN

Presentación

142 / INFORME ESPECIAL

El contrato de seguro en la Ley N.º 29946

Por César E. Ramos Padilla - [pp. 23-70]
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142 / Acto Jurídico / Doctrina Práctica

La inoponibilidad de la simulación de acto jurídico y la retentio possessionis frente al contrato de compraventa del tercero

Por Denny Erikson Salas Ayala - [pp. 75-90]
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142 / Acto Jurídico / Casuística

¿Adolece de fin ilícito un contrato de transferencia de posesión no celebrado con el propietario, con el fin de legitimar una posesión precaria?

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142 / Derecho De Familia / Doctrina Práctica

La neurociencia aplicada al derecho de los niños y adolescentes desde la perspectiva de su madurez cerebral

Por Walter Belizario Quispe - [pp. 95-119]
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142 / Derecho De Familia / Comentario De Jurisprudencia

La evaluación de la excepción de caducidad en el divorcio frente a una conducta adulterina continuada

Por Willy Arnaldo López Fernández - [pp. 121-132]
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142 / Derecho De Familia / CASUÍSTICA

¿Se podrá otorgar la tenencia a la abuela materna en el caso de que solo el padre tenga la patria potestad tras la muerte de la madre?

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142 / Contratos / Doctrina Práctica

La regulación de criterios objetivos para la reducción judicial de la penalidad

Por Carmen Lisset Alfaro Dávalos - [pp. 137-149]
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142 / Contratos / Casuística

¿Opera la resolución contractual cuando el incumplimiento alegado del comprador surge de la negativa del acreedor a recibir el pago?

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142 / DERECHO PROCESAL CIVIL / Doctrina Práctica

La tutela preventiva frente a la violencia de género

Por Jacinto Arnaldo Cama Quispe - [pp. 157-187]
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142 / DERECHO PROCESAL CIVIL / Comentario De Jurisprudencia

La protección de la posesión vía interdictal, la sucesión procesal y la motivación judicial

Por Alexander Rioja Bermúdez - [pp. 189-210]
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142 / DERECHO PROCESAL CIVIL / Casuística

¿Procede la excepción de transacción extrajudicial para cuestionar un nuevo proceso de ejecución cuyo objeto de reclamo deriva del incumplimiento de lo transigido?

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142 / PROBATORIO / Doctrina Práctica

Notas críticas en torno al Décimo Pleno Casatorio Civil: Entre aportes, equivocaciones, incongruencias, silencios y “reglas de estilo”

Por Jimmy J. Ronquillo Pascual - [pp. 217-239]
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142 / PROBATORIO / Doctrina Práctica

El estándar de prueba en la prescripción adquisitiva de dominio (primera parte): fundamentos, evolución y la paradoja peruana

Por Fort Ninamancco Córdova - [pp. 241-260]
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142 / DERECHO REGISTRAL / Doctrina Práctica

La inhibitoria administrativa registral y su aplicación en el Registro de Predios

Por Arturo Magno Quispe Quiroz - [pp. 263-284]
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142 / DERECHO REGISTRAL / CASUÍSTICA

¿Puede inscribirse la copropiedad del único bien social a partir de la inscripción del divorcio, aunque se encuentre pendiente su liquidación?

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142 / JURISPRUDENCIA RELEVANTE

El embargo indiscriminado de todos los bienes del deudor como amenaza cierta al derecho de propiedad

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