Es un placer hacerle llegar un nuevo número de nuestra revista Actualidad Civil la cual incluye, como Columna del mes, una crítica del profesor Juan Espinoza Espinoza a aquellas tendencias que persiguen declarar a los animales como sujetos de derecho, pero sin dejar de resaltar que se trata de seres sensibles cuya protección debe ser efectiva de acuerdo con lo que se ha venido regulando a nivel legal.

Asimismo, presentamos un Informe especial a cargo del profesor César Ramos Padilla, en el que se desarrollan atenta y extensamente los aspectos medulares del contrato de seguro, resaltando los principios recogidos en la Ley N.º 29946, la posición de las partes, los elementos personales y materiales de dicho contrato y sus principales patologías.

En la sección Derecho civil, área Acto jurídico, presentamos un artículo que reflexiona sobre la protección del tercero cuando adquiere un bien de quien aparentaba ser propietario en virtud de acto simulado, planteando los requisitos que exige el artículo 194 del Código Civil para hacer valer dicho amparo. En el área Derecho de familia, incluimos un artículo que destaca el uso de técnicas neurocientíficas para establecer la madurez cerebral del niño o adolescente infractor de la ley penal, y cómo los denominados neuroderechos puedan ser incorporados a nuestro ordenamiento legal; asimismo, presentamos un comentario de jurisprudencia en el cual se cuestiona cómo se viene manejando el régimen de caducidad en el proceso de divorcio, debiéndose tomar en cuenta si la conducta adulterina se presenta como un acto aislado o como un estado continuo; pues, en este último caso, los plazos de caducidad no podrán considerarse transcurridos. En el área Contratos, difundimos un artículo que persigue establecer ciertos criterios objetivos que limiten la facultad discrecional del juez para acceder a la reducción de la penalidad reclamada judicialmente, en la medida en que un contexto subjetivo no permite optimizar las funciones medulares e inherentes al aseguramiento de las prestaciones pactadas.

En la sección Derecho procesal civil, área Procesos, incluimos dos trabajos; el primero establece la necesidad de brindar un enfoque preventivo, autónomo, sumarísimo, de legitimidad amplia para obrar en el dictado de medidas de protección en materia de violencia contra la mujer, en el que se destaque algunas técnicas procesales como el contradictorio diferido y la plena valoración de los riesgos futuros; el segundo es un comentario de jurisprudencia que destaca la importancia de acreditar la posesión efectiva y el acto de despojo en el proceso de interdicto de recobrar y qué impacto tendría en la relación procesal la sucesión de alguna de las partes. En el área Probatorio, presentamos también dos trabajos; uno que evidencia un balance entre los aspectos positivos que han contemplado las reglas vinculantes en el X Pleno Casatorio, y aquellos que involucrarían omisiones, incongruencias y equivocaciones que pueden afectar negativamente el procedimiento de admisión oficial de los medios de prueba; y otro que aborda la necesidad de discutir en el XI Pleno Casatorio un marco que defina una noción objetiva de la suficiencia probatoria, toda vez que, a nivel de la resolución de casos, se viene advirtiendo una ausencia de estándares objetivos que conducen a la reaparición de esquemas de tarifa legal encubierta bajo exigencias documentales.

En la sección Derecho registral, contamos con un artículo que denuncia el uso de la inhibitoria administrativa en la calificación registral en materia inmobiliaria como una técnica de gestión del riesgo de litigiosidad futura que resulta contraproducente para su carácter excepcional, exigiéndose que se retome su concepto esencial: la identificación de alguna discusión judicial sobre la validez o eficacia del acto cuya inscripción se solicita.

En la sección Jurisprudencia relevante, presentamos a texto completo una sentencia del Tribunal Constitucional que, invocando la amenaza cierta e inminente del derecho de propiedad, estima un proceso de amparo en el que se denunciaba que la autoridad administrativa tributaria había procedido a embargar todos los bienes del deudor amparista por un valor conjunto que superaba el monto de la deuda coactiva.

En ese sentido, esperamos que el presente número le sea de suma utilidad en el desarrollo de la profesión jurídica y contribuya a su actualización constante en este quehacer especializado.

Coordinación general de Actualidad Civil