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Edición 130

Abril 2025

130 / COLUMNA DEL MES

La nueva legitimidad para ejercer representación procesal en causas de alimentos

El artículo 561 del Código Procesal Civil se ubica en la Sección Quinta “Procesos contenciosos”, en el Título III “Proceso sumarísimo”, en el Capítulo II “Disposiciones especiales”, en el Subcapítulo 1 “Alimentos”.Con este artículo, luego de definir el asunto de la competencia en el artículo precedente, se regula el asunto referido al ejercicio de la representación procesal justamente para un proceso de alimentos, recordando que, al tratarse del código adjetivo y del mismo proceso sumarísimo, hablamos de los alimentos no solo para un niño o adolescente, sino para cualquier sujeto que los requiera.Su redacción original contemplaba ocho incisos que describen a quienes podían ejercer la representación procesal en este tipo de procesos, siendo tales: el apoderado judicial del demandante capaz; el padre o la madre del menor alimentista, aunque ellos mismos fuesen menores de edad; el tutor; el curador; los defensores de menores a que se refiere el Código de los Niños y Adolescentes; el Ministerio Público en su caso; los directores de los establecimientos de menores; y los demás que señale la ley.A través de la Ley N.° 32266, publicada el 22 de marzo del 2025, se adicionó el numeral 9 incorporando ahora como legitimados para ejercer la representación procesal a los abuelos, los tíos o hermanos mayores que tienen la responsabilidad del cuidado del menor alimentista, en ausencia del padre o la madre que ejerce la tenencia.Este cambio es interesante porque la realidad ha ido mostrando algunas situaciones distintas a las pensadas por el legislador original, siempre desde la óptica de que el alimentista sea un niño o adolescente.En efecto, el esquema primigenio parte de entender que un hijo, si no está con un progenitor, está con el otro; por lo tanto, los alimentos podían ser demandados por el padre a cargo del niño, siendo aquel el representante procesal de este (véase el inc. 2). Y en el caso de que el niño no tuviese padres, sería el tutor a cargo quien debía ejercer su representación procesal (véase el inc. 3). Eventualmente, el niño podría estar albergado en un centro de acogimiento residencial, caso en el cual la representación procesal le corresponde al director de dicho establecimiento (véase el inc. 7). Finalmente, el código permite la representación procesal de un menor de edad a los defensores de niños y adolescentes y hasta al propio Ministerio Público (véase los inc. 5 y 6).Sin embargo, sobre todo con algunos cambios legislativos, la situación se fue modificando en el tiempo. Por ejemplo, en un caso de violencia familiar, bajo el amparo de la Ley N.° 30364 y su reglamento, se podía impedir por un tiempo bastante considerable, vía medidas de protección, el acercamiento de los progenitores a su hijo. En este caso, el hijo podía quedar a cargo fácticamente de otro familiar diferente a los padres. Al ser este pariente uno distinto, sin tener la calidad de tutor, legalmente no se encontraba habilitado por el artículo en estudio para ejercer su representación procesal en un proceso de alimentos.De similar modo sucede con el Decreto Legislativo N.° 1297 y su reglamento, referido a la protección de niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Bajo esta regulación es posible ubicar a un niño bajo el cuidado de otros parientes distintos a los padres, sea provisional o definitivamente. Usualmente estos parientes son abuelos, tíos o hermanos mayores de edad (véase los arts. 65.a y 73).Estos ejemplos, muestran cómo es que la ampliación legislativa del artículo sub examine es entendible y justificada, pues nos ha tocado ver un caso en donde, luego del dictado de medidas de protección, habiéndose quedado el adolescente a cargo de su hermana mayor, cuando esta intentó demandar por alimentos a los progenitores, el juzgador a cargo de la causa declaró liminarmente improcedente la demanda por no calzar en alguno de los supuestos previstos en el artículo 561 ahora bajo estudio.Con este caso, mostramos que la modificación legal no es del todo infructuosa, pues si bien, obviamente, tal rechazo fue revocado, para ello fue necesario mostrar que al resultado permisible se podía llegar con un ejercicio interpretativo sistemático de todas las normas que engloban el asunto de un menor de edad, como son, esencialmente, la Ley N.° 30466 y su reglamento que fijan los parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño, ambos de la mano de la Observación general 14 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el mismo Código de los niños y adolescentes, la Constitución Política y hasta la propia Convención sobre los derechos del niño; pues con un razonamiento como el esbozado, se vaciaba de contenido al interés superior del niño y se dejaba al infante en una situación de indefensión inexplicable.Por lo tanto, si bien era posible llegar a un resultado similar al propuesto por el inciso incorporado con una lectura armónica del conjunto de disposiciones legales nacionales e internacionales vigentes, no es menos cierto que su incorporación formal propiamente no redunda y puede facilitar la resolución a cargo de los diversos operadores jurídicos.Sin embargo, creemos que al legislador le faltó dar un paso más, pues únicamente vio parte de ese devenir real y cotidiano, pero no percibió la totalidad del escenario. Y decimos esto porque en la vida real se presentan casos mucho más enrevesados que los pensados al modificar el código.Sin ir muy lejos, en el mismo Decreto Legislativo N.° 1297 ya reseñado, se contemplan otras figuras como el acogimiento familiar por tercera persona, caso en el cual el acogimiento se aplica con una persona o familia que no forma parte de la familia extensa del niño, que previamente ha sido seleccionada y declarada idónea para ser familia acogedora (véase el art. 65.b). Igualmente, el citado decreto contempla la figura del acogimiento familiar profesionalizado que es el que se brinda al niño con características especiales, por una persona o familia especialmente calificada, a condición de una subvención económica para los gastos de manutención del infante y que incorpora su atención profesionalizada, bajo supervisión de la autoridad competente (véase el art. 65.c).Como se puede ver, bajo estos dos simples ejemplos retornamos a la situación original, pues los sujetos acogedores no estarán bajo ninguno de los supuestos previstos por el artículo 561 en análisis, como para salir en representación procesal de los niños bajo su guarda, al menos no estrictamente. Habría que nuevamente intentar el ejercicio hermenéutico respectivo para fundamentar su legitimidad.Piénsese también en el caso de que un niño queda bajo el cuidado de un primo hermano u otro pariente distinto al abuelo, al tío o a un hermano, por ejemplo. Estos casos tampoco están contemplados en la nueva modificación. Y lo mismo se podría decir de los tíos u otros parientes más allá del 4 grado de consanguinidad, pues no se olvide que, por mandato del artículo 236 del Código Civil, el parentesco consanguíneo surte efectos jurídicos únicamente hasta dicho grado.Pero, además, se tienen casos de niños que fácticamente han quedado bajo el cuidado de padrinos, madrastras o hasta “tíos o primos de cariño”, con quienes no mantienen parentesco consanguíneo alguno. No se olvide al respecto la definición de familia de origen que se plasma en el artículo 3 del Decreto Legislativo N.° 1297, en el sentido de que familia de origen es la conformada, además de los progenitores, hermanos o tutores, por las personas con las que teniendo o no vínculo de parentesco, conviven o hacen vida en común.En consecuencia hubiese sido un poco más adecuado regular que la representación procesal podía ser ejercida por cualquier sujeto responsable legítimamente del cuidado del niño o adolescente alimentista, independientemente de si era pariente consanguíneo o no.En estos casos, qué duda cabe de que tales personas a cargo del infante también están en toda la legitimidad de representarlos procesalmente en una causa de alimentos. Y si se cuestionase el ejercicio de su representación, tales sujetos podrían recurrir a las instituciones de acogimiento, tutela o hasta la misma adopción; en ese sentido, conviene recordar que todas esas tramitaciones no son realmente breves; entre tanto el niño merece contar con alimentos y estos sujetos que se han hecho cargo deberían contar con las herramientas legales para ello, de modo más simplificado.En fin, la modificación de este inciso sirve también para su extensión analógica para otros casos en donde un menor de edad debe ser representado procesalmente. En efecto, piénsese en un proceso penal, o tutelar, o civil, o administrativo, o cualquiera que lo inmiscuya; estos casos, partiendo de esta modificación y lo anotado líneas arriba, hacen ver que un niño o adolescente merece ser representado procesalmente por la persona a su cargo en cualquier tramitación que pueda afectar sus intereses.
Por Reynaldo Mario Tantaleán Odar
[pp. 5-7]|
130 / PRESENTACIÓN

Presentación

130 / INFORME ESPECIAL

César Proaño CuevaLa denominada “motivación en serie”

Por César A. Proaño Cueva - [pp. 17-28]
130 / Acto Jurídico / Doctrina Práctica

Los emojis como manifestación de voluntad, su interpretación jurídica, el orden probatorio y la responsabilidad civil

Por Max Salazar Gallegos - [pp. 33-44]
130 / Acto Jurídico / Casuística

¿Es nulo el acto jurídico por el cual uno de los sucesores se declara heredero universal a sabiendas de la existencia de otros herederos forzosos?

130 / Acto Jurídico / Reseña Jurisprudencia

Es nulo el acto jurídico cuando se transfiere un inmueble que no fue debidamente individualizado

130 / RESPONSABILIDAD CIVIL / Doctrina Práctica

La indemnización del daño moral por afectación a la libertad sindical y otros derechos fundamentales en el trabajo

Por Eduardo Alonso García Birimisa - [pp. 69-126]
130 / RESPONSABILIDAD CIVIL / Casuística

¿La desatención de la aseguradora a un adulto mayor por error en la vigencia de su póliza vehicular le genera la obligación de indemnizarlo por daño moral?

130 / RESPONSABILIDAD CIVIL / Reseña De Jurisprudencia

No hay responsabilidad por incumplimiento si no se acredita la renovación tácita del contrato pese a la intimación resolutoria

130 / Derecho Internacional Privado / Doctrina Práctica

El derecho internacional privado en la Unión Europea

Por Miriam Milagros Albites Palomino - [pp. 145-165]
130 / Derecho Internacional Privado / Casuística

¿Procede homologar vía execuátur una sentencia que aplica reglas de interdicción que no le reconocen capacidad a una persona?

130 / PROCESOS / Comentario De Jurisprudencia

El cuidado de familiares directos en condición de vulnerabilidad extrema

Por Manuel Bermúdez Tapia - [pp. 173-189]
130 / PROCESOS / Casuística

¿Procede la sucesión procesal del demandante fallecido en un proceso de divorcio por separación de hecho?

130 / PROCESOS / Reseña De Jurisprudencia

La incorporación inoportuna de la sucesión procesal del demandante no puede generar la nulidad de todo lo actuado

130 / DERECHO COMERCIAL / Doctrina Práctica

Peculiaridades de la realización de los principios jurídicos generales en el proceso de quiebra personal

Por Svetlana Aleksandrovna Karelina - [pp. 203-214]
130 / DERECHO COMERCIAL / Casuística

¿Procede la transformación societaria solicitada por el titular de una E. I. R. L. si se encuentra casado y sujeto a un régimen de sociedad de gananciales?

130 / DERECHO COMERCIAL / Reseña De Jurisprudencia

En virtud del principio de autenticidad publicitaria, se debe presentar de forma reconocible y conforme a ley los anuncios sobre apuestas deportivas

130 / DOCUMENTO LEGAL

Aprueban formularios judiciales para solicitar la restitución de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que hayan sido declaradas interdictas antes de la vigencia del Decreto Legislativo N.° 1384

130 / JURISPRUDENCIA RELEVANTE

La arbitrariedad del condicionamiento para la devolución de los pagos efectuados luego de la resolución de la compraventa

Equipo editorialIndizaciónEstadísticas

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