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Edición 63

Septiembre 2019

63 / COLUMNA DEL MES

Brevísimas reflexiones a propósito de la pretendida simultaneidad en la celebración de dos contratos contradictorios entre sí

Frente a un caso en el cual, no obstante en la demanda se había invocado la nulidad, y se trataba de un supuesto de ineficacia por tratarse de un falsus procurator y frente a una audaz decisión emitida por el 63.° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con Resolución N.° 28, del 24 de agosto del 2006, observé que “en aplicación del aforismo iura novit curia, el juez puede corregir la fundamentación jurídica ya que, en sustancia, lo que el demandante ha pedido (aunque con una poco feliz construcción jurídica) es la no trascendencia jurídica del acto para el representado y el juez, más allá de las formas y pretextos para no conocer el fondo de los casos, no debe sustraerse a su deber de decidir y solucionar los conflictos entre las partes: ineficacia y no invalidez”[1].Cuál no fue mi sorpresa cuando constaté este pasaje citado en la Resolución N.° 6, del 11 de julio del 2019, de la Sala Especializada en lo Civil y Afines de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Sin embargo, resulta forzoso constatar si el caso en particular ameritaba la decisión judicial tomada: Silvia Castillo Sisley otorgó poder especial para comprar a Marina Sisley (en el 2002), y la representante, en nombre propio, compró un lote a Marcial Chacón e Inés Cueva (en el 2007). Después de tres años (2011) resolvieron el contrato. En ese mismo día se celebraron (sin tener prueba de cual fue perfeccionado primero) dos contratos de compra del mismo inmueble, con los mismos vendedores (Chacón y Cueva); pero uno tiene como comprador a Marina Sisley (a nombre propio) y el otro a Marina Sisley, en representación de Silvia Castillo. No solo ello: Marina Sisley vende en el 2014 el predio a un tercero (Juan Acho). Silvia Castillo demanda a todos por nulidad del acto jurídico el contrato de compraventa que celebró su representante a nombre propio y el que perfeccionó con Juan Acho. Se invoca la nulidad por falta de manifestación de voluntad, objeto jurídicamente imposible, fin ilícito y simulación (art. 219, nums. 1, 3, 4 y 5). En la contestación de la demanda, Juan Acho argumenta que actuó conforme a ley; mientras que los vendedores Chacón y Cueva sólo reconocen el contrato hecho en representación, mas no el que figura como compradora (a nombre propio) Marina Sisley (la cual es declarada rebelde). Con estos hechos se valida que la realidad es superior a la fantasía de cualquier teórico.El Primer Juzgado Civil-Sede Central, con Resolución N.° 13, del 6 de julio del 2018, declaró nulos los contratos, por cuanto —a su entender— se trataba de la causal de falta de manifestación de voluntad y de objeto jurídicamente imposible. Con respecto del contrato celebrado por la representante a nombre propio, sobre el primer extremo, se observó que:“En ese sentido encontramos que el acto jurídico materia de nulidad, Contrato Privado de Compra Venta de Mejoras y Derechos Posesorios, celebrado por Marcial Chacón Sánchez, Inés Cueva Sotelo de Chacón (vendedores), con Marina Floripes Sisley Reátegui (comprador) sobre el inmueble ubicado en la Calle Huaraz Mz.34,Lt.05-Calleria, no contiene la manifestación de voluntad de las partes intervinientes, tanto es así que en el presente caso los codemandados Marcial Chacón Sánchez e Inés Cueva Sotelo de Chacon manifestaron en su escrito de apersonamiento (ver fojas 118-120) en el que señalan que ellos han vendido a la codemandada Marina Floripes Sisley Reátegui, pero en representación de Silvia Adriana Castillo Sisley, tal y como se expresa el contrato privado que obra a fs. 17-18. Asimismo, en su segundo punto dicen “la codemandada Marina Floripes Sisley Reategui, conforme se advierte de autos ha presentado un Contrato Privado de Compra venta de Mejoras y Derechos Posesorios suscrito por los recurrentes en calidad de vendedores y ella como compradora del mismo Lote N.° 05 de la Manzana 341 ubicado en la Calle HUARAZ del Plano Regulador de la Ciudad de Pucallpa, LO QUE ES TOTALMENTE FALSO”. Incluso se tiene de la audiencia de pruebas (ver fojas 130-131) donde su Apoderado de la parte demandada Marina Floripes Sisley Reategui, señala que no cuenta con los documentos originales de los contratos de compra venta a la fecha. En este sentido se tiene que el referido contrato no existe por ende resulta imposible hablar que hubo manifestación de voluntad en la celebración del referido contrato”.Respecto de la imposibilidad jurídica que:“se debe indicar que dicha causal de nulidad prevista en el inciso 3 del artículo 219°. Sobre el particular, se tiene la copia legalizada del contrato privado de compraventa de mejoras y derechos posesorios suscrito por Marcial Chacón Sánchez e Inés Cueva Sotelo de Chacon y por Marina Floripes Sisley Reategui como compradora en representación de Silvia Adriana Castillo Sisley (ver fojas 113) así como los codemandados Marcial Chacón Sánchez e Inés Cueva Sotelo de Chacon manifestaron en su escrito de apersonamiento (ver fojas 118-120) en el primer punto dicen “que los recurrentes reconocen el Contrato Privado de Compraventa de Mejoras de Derechos Posesorios de fecha 27.04.2011, suscrito por los recurrentes y doña MARINA FLORIPES SISLEY REATEGUI, quien compra en nombre y representación de SILVIA ADRIANA CASTILLO SISLEY […]”. Que en ese sentido se tiene que el objeto del contrato materia de nulidad es jurídicamente imposible, ya que se advierte que en el plano de la realidad jurídica, las reglas negociales no pueden ser ejecutadas ya que se dirige a la consecución de un resultado no previsto por el ordenamiento jurídico toda vez que el bien se encontraba fuera del comercio y pertenecía a otra persona. En consecuencia se tiene que el referido contrato materia de nulidad está inmerso en esta causal, ya que la demandada Marina Floripes Sisley Reátegui no podía vender como suyo algo que no lo es”. Con respecto del contrato celebrado con Juan Acho, se replicaron las siguientes consideraciones:“30. En ese sentido encuentro que el acto jurídico materia de nulidad no contiene la manifestación de voluntad del titular del inmueble, toda vez que el inmueble materia de litis, no pertenece a Marina Floripes Sisley Reategui. Si no a Silvia Adriana Castillo Sisley, tal como se evidencia de la copia legalizada del contrato privado de compraventa de mejoras y derechos posesorios suscrito por Marcial Chacón Sánchez e Inés Cueva Sotelo de Chacon y por Marina Floripes Sisley Reategui como compradora en representación de Silvia Adriana Castillo Sisley (ver fojas 113). En este sentido se tiene que el referido contrato no existe por ende resulta imposible hablar que hubo manifestación de voluntad en la celebración del referido contrato, acarreando su nulidad. 31. En lo que concierne cuando el objeto es jurídicamente imposible, se debe indicar que dicha causal de nulidad prevista en el inciso 3 del artículo 219°, incurre en dicha causal ya que se advierte que en el plano de la realidad jurídica, las reglas negóciales no pueden ser ejecutadas ya que se dirige a la consecución de un resultado no previsto por el ordenamiento jurídico toda vez que el bien se encontraba fuera del comercio y pertenecía a otra persona. En consecuencia se tiene que el referido contrato materia de nulidad está inmerso en esta causal”.La Resolución N.° 6, del 11 de julio del 2019 de la Sala Especializada en lo Civil y Afines de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, confirma (para ambos contratos) la sentencia en primera instancia en el extremo que se trata de una nulidad por objeto jurídicamente imposible; pero la revoca en el extremo que se refiere a la falta de manifestación de voluntad. Así:“Del análisis de los actuados, se aprecia, entonces, dos actos jurídicos que resultan contradictorios entre sí (El Contrato Privado de Compra Venta de Mejoras y Derechos Posesorios del 27 de abril del año 2011 y el Contrato Privado de Compra Venta de Mejoras y Derechos Posesorios también suscrito con fecha 27 de abril de 2011), pues en uno el representante actúa en nombre propio y en el otro actúa en nombre de su poderdante. Sucede, también, que no existen elementos que permitan establecer cuál acto o negocio jurídico se haya realizado primero, pues ambos indican exactamente la misma fecha. Siendo así, ambos actos están destinados a realizar intereses contrarios, pues uno atiende a los intereses del representante y otro a los intereses del representado, con respecto al mismo bien inmueble (Inmueble constituido en el Lote 05 de la Manzana 341 del Plano Regulador de Pucallpa). Por tanto, es evidente que ambos intereses no pueden realizarse al mismo tiempo, lo que importa la configuración de un supuesto de imposibilidad del objeto, pues este implica a los intereses que se buscan realizar mediante la celebración del negocio jurídico”.Respecto del contrato con Juan Acha, se advierte que:“En consecuencia, si ambos actos jurídicos son nulos, ciertamente el tercero también lo es, puesto que en el tercer acto jurídico, el transferente no era titular de ningún derecho que pudiera transmitir, dado que su supuesto título de adquisición sería nulo. Si bien no escapa al criterio de este tribunal superior que la doctrina ha destacado que la venta de bien ajeno es un supuesto de ineficacia, no es menos cierto que el Juez debe considerar que al margen de la diferencia entre nulidad e ineficacia, no se puede dejar de advertir que en ambos casos el actor pretende privar de efectos a un acto jurídico que puede afectar o perjudicarlo”.La primera pregunta que habría que hacer es: ¿se trata en realidad de dos contratos simultáneos? Yo tengo mis dudas. Por ello, comparto plenamente que “en este caso el juez competente debe recurrir al análisis de la prueba indiciaria e incluso a principios jurídicos, tales como los actos propios, a efectos de determinar que contrato se celebró primero, puesto que si es posible discutir indiciariamente sobre la celebración o no de un contrato, es igualmente posible discutir probatoriamente sobre el instante de su celebración. En tal sentido, abonan a la tesis de que el primer contrato celebrado fue el otorgado en favor del representado, el hecho que los vendedores no admitieran la celebración del segundo contrato, que las partes ya hayan celebrado el Contrato Privado de Compra Venta de Mejoras y Derechos Posesorios, en base al poder otorgado a la representante, el día 24 de julio de 2007, e incluso que lo hayan resuelto el mismo día de celebración de los contratos cuestionados. A ello hay que agregar las reglas de experiencia sobre que no hace sentido lógico que la demandada haya celebrado primero el contrato en su favor para luego crearse la contingencia legal de celebrar el contrato en favor de su representante”[2]. La primera instancia, valorando las pruebas, hechos y declaraciones, optó por la validez del contrato hecho a nombre de la representada y la imposibilidad jurídica (así como la falta de manifestación de voluntad) del segundo contrato. La segunda instancia, entendiendo que han sido simultáneos, por la invalidez del contrato hecho a nombre propio de la representante y también del celebrado en nombre de la representada.Ahora bien, la segunda pregunta es: ¿quién pidió (o alegó) la nulidad del contrato que la representante Marina Sisley celebró en nombre de Silvia Castillo? Se debe tener presente el artículo 220 del C.C., el cual establece que:“La nulidad a que se refiere el artículo 219 puede ser alegada por quienes tengan interés o por el Ministerio Público.Puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta.No puede subsanarse por la confirmación”.Sin embargo (cosa que no se ha hecho en el presente proceso), se debe promover el contradictorio entre las partes. Así, la Sentencia dictada en el IX Pleno Casatorio Civil realizado por las Salas Civiles Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (Casación N.° 4442-2015-Moquegua), del 9 de agosto del 2016, que estableció como precedente vinculante (entre otros) lo siguiente:“La declaración de oficio de la nulidad manifiesta de un negocio jurídico puede producirse en cualquier proceso civil de cognición, siempre que la nulidad manifiesta del referido negocio jurídico guarde relación directa con la solución de la controversia y que, previamente, se haya promovido el contradictorio entre las partes”. Por ello, discrepando con la aproximación de la segunda instancia, se afirma que “en este caso no se ha cuestionado el Contrato d) (el suscrito en representación), sino solo el Contrato e) (que celebró la representante a nombre propio). La demanda no incluye la declaración de nulidad del Contrato d), y si la Sala consideró que adolecía de nulidad absoluta y manifiesta, debió emplear el artículo 220 del Código Civil, incorporando de oficio como cuestión a debatirse la nulidad y permitiendo a las partes decir algo al respecto. Al anular el Contrato d), la situación del inmueble se torna en que pertenece a los señores Chacón, pues el último acto antes de los declarados nulos fue el de “resolución” del Contrato b) (el primer contrato suscrito en el 2007). Nada se ha dicho sobre esto último, como tampoco se plasmó de modo claro en la parte resolutiva de la sentencia de vista, sino solo en la parte considerativa, lo que acarrea más inseguridad jurídica aún”[3]. En mi opinión, la segunda instancia ha recorrido un peligroso camino, ya que existen indicios y presunciones suficientes para considerar que no hubo simultaneidad y que es válido el contrato de venta mediante representación (máxime cuando nadie discutió su validez, salvo la segunda instancia). Ahora, en este escenario, tercera pregunta: ¿sería nulo el contrato celebrado en nombre propio de la representante? Si es que se parte de la premisa que el contrato perfeccionado en ejercicio de la representación es válido, los señores Chacón y Cueva ya no serían los propietarios. Frente a la afirmación (no probada) que sus firmas fueron falsificadas, se podría argumentar que nos encontraríamos frente a un supuesto de nulidad:a) Por falta de manifestación de voluntad (art. 219, num. 1), porque efectivamente no firmaron dicho contrato.b) Por finalidad ilícita (art. 219, num. 4), ya que habría una falsificación.c) No sería imposibilidad jurídica, ya que, según el artículo 1409.2 del C.C. y bajo los alcances de los artículos 1537, 1538 y 1539 del C.C., sí se podría vender un bien ajeno.Es aquí donde juega un rol importante la estrategia procesal. Existe un problema de legitimidad para obrar activa si se invoca el artículo 1539 del C.C., por cuanto sólo recaería en el comprador (en este caso, la “rebelde” señora Sisley): no sería acogida una pretensión fundada en esta figura formulada por la señora Castillo. Es por ello que optó por la nulidad con un abanico de posibilidades causales (aparte de las mencionadas, incluso la simulación).En esta línea argumentativa, el contrato celebrado con el tercero adquiriente también sería ineficaz, al tratarse de un supuesto de venta de bien ajeno ex 1539 del C.C.; pero acá es el comprador el que defiende su validez. Cuarta pregunta: ¿qué camino debió recorrer la señora Castillo? Considero que la nulidad por finalidad ilícita, por cuanto si se parte de la premisa que el “titulo” de la señora Sisley era falsificado y, no obstante ello, ha transferido a un tercero, estamos incluso frente a la comisión de un delito. Por ello, ha sido denunciada en la Segunda Fiscalía Provincial de Coronel Portillo por la presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica y utilización de documento privado falso en agravio del Estado, Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y Silvia Adriana Castillo Sisley. Cuarta (y última) pregunta: ¿qué pudo haber alegado el tercero adquiriente?, convengo que “podría haber invocado el principio de la buena fe, en su variante del principio de apariencia, pues Marina contaba con una constancia de posesión y los anteriores titulares de la posesión, los esposos, habían consentido con que Marina asuma la posesión, al margen de la nulidad de los negocios. O sea, la situación de apariencia que se generó ante Juan no solo fue provocada por Marina, sino también por los esposos”[4].Quiero finalizar poniendo de relieve y felicitar tanto a los magistrados de primera como de segunda instancia por su toma de conciencia en dejar de ser tributarios del frío dato legislativo, así como por su preocupación y esfuerzo al dotar sus decisiones de un soporte doctrinario. Quizá este caso del derecho viviente nos hace ver que es importante tratar de reconstruir en su mayor exactitud posible los hechos, y cuando ello no fuera posible, basarse en las presunciones. También hemos visto que los académicos comparten esta preocupación y dotan a los modelos teóricos de la casuística que los enriquece: con este diálogo recíproco entre doctrina y jurisprudencia llegaremos a la madurez del Derecho Civil Peruano.[1]* Profesor de Derecho civil en las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro Correspondiente de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Espinoza Espinoza, Juan, Acto jurídico negocial. Análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial, 4.a ed., Lima: Instituto Pacífico, 2017, p. 165.[2] Bardales Siguas, Luis, “Análisis de la nulidad de compraventa inmobiliaria por imposibilidad jurídica del objeto en un caso de presunta simultaneidad contractual”, en Actualidad Civil, n.° 63, Lima: setiembre del 2019, p. 67 [3] Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, “Nulidad de acto jurídico por falta de manifestación de voluntad e imposibilidad jurídica. Comentarios a una reciente sentencia (caso 00893-2015)”, en Actualidad Civil, n.° 63, Lima: setiembre del 2019, p. 34 [4] Ninamancco Córdova, Fort, “Negocios representativos contradictorios y el principio de congruencia procesal en casos de invalidez e ineficacia negocial. Comentarios sobre una reciente sentencia del oriente peruano”, en Actualidad Civil, n.° 63, Lima: setiembre del 2019, p. 43
Por Juan Espinoza Espinoza
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63 / PRESENTACIÓN

Presentación

63 / ESPECIAL DEL MES

Nulidad de acto jurídico por falta de manifestación de voluntad e imposibilidad jurídica. Comentario a una reciente sentencia (caso 00893-2015)

Por Roxana Jiménez Vargas-Machuca - [pp. 21-36]
63 / ESPECIAL DEL MES

Negocios representativos contradictorios y el principio de congruencia procesal en casos de invalidez e ineficacia negocial. Comentario sobre una reciente sentencia del oriente peruano.

Por Fort Ninamancco Córdova - [pp. 37-46]
63 / ESPECIAL DEL MES

Análisis de la nulidad de compraventa inmobiliaria por imposibilidad jurídica del objeto en un caso de presunta simultaneidad contractual.

Por Luis Bardales Siguas - [pp. 47-78]
63 / CIVIL / DERECHO DE FAMILIA

De la violencia familiar a la violencia contra la mujer: una mirada amplia en la protección de la mujer. Comentario a la Casación N.° 2265-2017 Ucayali

Por Rosa De Jesús Sánchez Barragán - [pp. 83-99]
63 / CIVIL / DERECHO DE FAMILIA

¿Si el hijo ha expresado su voluntad de vivir con el padre, puede este solicitar su tenencia aunque haya sido demandado por alimentos?

63 / CIVIL / DERECHO DE FAMILIA

Prevalece la identidad genética del menor por inaplicación del vencimiento del plazo para contestar y negar la paternidad

63 / CIVIL

El negocio jurídico de adjudicación de bien inmueble por parte de una asociación de vivienda. Comentario a la Casación N.° 2489-2015 Tacna

Por Héctor Josue Verastegui Huaynate - [pp. 121-144]
63 / CIVIL

El guardián de un inmueble es servidor de la posesión y tiene la condición de ocupante precario

63 / CIVIL

¿Procede la accesión de lo edificado si el demandante perdió la titularidad del suelo por prescripción, aunque se halle impugnándola judicialmente?

63 / CIVIL / RESPONSABILIDAD CIVIL

El dañante no se exime de responsabilidad si omitió implementar medidas de seguridad

63 / CIVIL / RESPONSABILIDAD CIVIL

El daño patrimonial en caso de muerte

Por Tommaso Arrigo - [pp. 159-187]
63 / CIVIL / RESPONSABILIDAD CIVIL

¿Existe responsabilidad del propietario registral que transfiere el bien antes de que se inscriba la usucapión del poseedor?.

63 / PROCESAL CIVIL

¿Se debe admitir la demanda cuya subsanación cumple de manera distinta el requerimiento judicial realizado en la resolución de inadmisibilidad?

63 / PROCESAL CIVIL

La búsqueda de un arquetipo para la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Comentario a la Casación N.° 5395-2017 Moquegua

Por Adán López Blanco - [pp. 213-234]
63 / PROCESAL CIVIL

Quien posea título de propiedad tiene legitimidad para obrar en el proceso de accesión

63 / PROCESAL CIVIL

El aval en la ejecución de un título valor incompleto. Comentario a la Casación N.° 3237-2016 La Libertad

63 / PROCESAL CIVIL

No se puede cuestionar la ejecución de una sentencia a través de un proceso de nulidad

63 / PROCESAL CIVIL

¿Se puede contradecir la ejecución de una garantía hipotecaria alegándose su caducidad?

63 / PROCESAL CIVIL / PROCESOS

La independencia judicial y la reforma institucional

Por Edwin Ricardo Corrales melgarejo - [pp. 285-314]
63 / PROCESAL CIVIL / PROCESOS

La eventual nulidad manifiesta debe ser discutida en primera instancia.

63 / PROCESAL CIVIL / PROCESOS

¿Es causal de fraude que la fecha de emisión de una sentencia no coincida con la de su registro en el SIJ?

63 / DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL / DOCTRINA PRÁCTICA

La interpretación del testamento: una mirada desde los pronunciamientos del Tribunal Registral peruano

Por Cynthia Lizbeth Labrín Pimentel - [pp. 329-344]
63 / DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL / NOS PREGUNTAN Y CONTESTAMOS

¿Procede inscribir un “anticipo de legítima” sobre el total del bien cuando no se ha expresado el porcentaje de cuota ideal cedida por sus copropietarios?

63 / DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL / RESEÑA DE JURISPRUDENCIA

Debe existir un consentimiento expreso para adoptar una denominación o razón social igual a la de la sociedad preexistente

63 / METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN / DOCTRINA PRÁCTICA

Métodos de investigación de la ciencia o dogmática jurídica

Por Aníbal Torres Vásquez - [pp. 357-398]
63 / JURISPRUDENCIA RELEVANTE

Aspectos de protección en favor del menor para determinar la tenencia a favor del padre

63 / ACTUALIDAD LEGAL Y JURISPRUDENCIAL

I. Reseña de las principales normas civiles, procesales civiles y registrales publicadas en el último mes

63 / ACTUALIDAD LEGAL Y JURISPRUDENCIAL

II Resumen de las principales normas civiles, procesales civiles y registrales del mes

Equipo editorialIndizaciónEstadísticas

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