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Edición 113

Noviembre

113 / COLUMNA DEL MES

Los derechos de la personalidad del concebido y su especificación mediante la Ley N.° 31935

La reciente aprobación, por insistencia, personal y procedimental1, de la Ley N.° 31935 “que reconoce derechos al concebido” (sic) representa uno de los hitos más destacados en el proceso de descodificación civil2 desarrollado en nuestro país, donde el Código de la materia está cercano a cumplir cuatro décadas.El ansia de los legisladores por modificar —o alcanzar la fama modificando— el Código Civil ha acompañado, acechante, la historia de tan importante normativa. La vocación por reformar las cada vez más añosas disposiciones de 1984 se refleja en los incesantes proyectos de reforma presentados en el Congreso, que superan la treintena solo en el último período parlamentario, iniciado el 2021.En esta ocasión, la descodificación se ha abierto paso impulsivamente, además, a un punto tal que el Congreso ni siquiera ha tenido el cuidado de señalar si, con la normativa acabada de promulgar, se modifica o reforma el Código Civil. Por insólito que resulte, este no es mencionado en el texto analizado. Solo se invoca el artículo 2 de la Constitución Política, cuyo primer inciso establece, en línea con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 1 del Código Civil, que el concebido “es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”.Las versiones que precedieron la novedosa normativa sí se referían al Código Civil, en cambio. El proyecto de ley inicialmente presentado por la congresista Jáuregui Martínez de Aguayo (N.° 785/2021-CR) esbozaba una disposición con en estos términos:La vida humana comienza con la concepción. La persona humana es sujeto de derecho desde su concepción. El Estado peruano reconoce y garantiza el respeto de la dignidad del concebido, así como su derecho a la vida, a la identidad propia, a la integridad psíquica y física, así como a su libre desarrollo intrauterino.El itinerario de aquel proyecto ha finalizado, ahora, con el dictado de una ley especial, cuyo destino, dada su temática, es integrar, complementariamente, la del Código Civil.¿Era necesaria una ley sobre derechos del concebido, todos los cuales son, por cierto, atributos inherentes a su condición humana —derechos de la personalidad— que bien se podían deducir del texto vigente del Código Civil3, a pesar de su imprecisión?La respuesta es afirmativa. Basta pensar en lo siguiente: el reconocimiento legal como sujeto de derecho no solo implica ventajas, sino también desventajas. Ambas implicancias son el correlato de la subjetividad jurídica, o sea, de la circunstancia de constituirse en punto de imputación y, a la vez, en centro de legitimación o destinatario de consecuencias jurídicas4.Haber estatuido, entonces, con una ambigua dicción, que combina la teoría del commodum5 con la toma de posición de un sector de la doctrina civilista italiana en el contexto de los debates sobre la legalización del aborto, que el concebido es sujeto de derecho para lo que le favorezca, fue poco claro, a menos que el significado de lo favorable se restrinja —como se debió indicar en la norma, si tal era su propósito— al reconocimiento de sus derechos de la personalidad que, hoy, los artífices de la Ley N.° 31935 han especificado.Creo, por ello, que la normativa comentada tiene un significado mayor, desvinculado de los avatares del Código Civil: representa un triunfo —un gran triunfo— de las rules sobre los standards6.En lugar de dejar la interpretación de la afirmación codificada de que “el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece” en manos de la jurisprudencia, para sus aplicaciones concretas, se ha tomado la decisión, en un contexto enrarecido por vientos que se agitan contra el espíritu proteccionista del Código Civil (y de la Constitución)7, de cifrar en una ley que el concebido tiene derecho a la vida, a la salud, a la integridad moral, psíquica y física, a la identidad, al libre desarrollo y bienestar y a otros derechos (de la personalidad) que le favorezcan.Nunca, por otro lado, se ha narrado la historia de la arriesgada a inoportuna disposición del artículo 1 del Código Civil que dictamina el momento de inicio de la vida humana. ¿Quién era —hay que preguntarse— o es hoy el legislador para definir cuándo comienza la vida humana? Eso parece ser (y es) tarea de otras disciplinas como la embriología, en particular.Arriesgarse a definir ese momento, que se mantiene en el misterio de acuerdo con las teorías científicas y jurídicas sucesivas8, petrifica el progreso del derecho, y causa, como hace tiempo se hizo evidente, el envejecimiento prematuro de la ley.El legislador, a lo sumo, puede calificar, es decir, otorgar el estatus de persona (persona para el derecho), incluso a entes ideales, a ficciones, que no son seres humanos, como las personas jurídicas, o a semovientes como ocurre, ahora, en el caso de los animales, en cada vez más experiencias9, o al ambiente, o hasta a la inteligencia artificial10.Un breve recuento comparativo despejará las dudas, de cara al futuro.La idea del concebido como sujeto de derecho proviene de la doctrina civilista italiana11, de la obra, entre otros autores, de Cesare Massimo Bianca, quien hacia 1976, anotaba:El concebido no tiene la capacidad jurídica general y aún no es persona, pero es, de todas maneras, un sujeto jurídico respecto de todas aquellas posiciones que le competen, a la luz de intereses que así lo merecen y que son actuales. En la medida en que se identifiquen tales intereses, es dado reconocer al concebido las posiciones de ventaja correspondientes, así como la consiguiente calidad de sujeto12.Ahora bien, esa posición del recordado jurista debió ser inscrita en su contexto, que era el de la fuerte discusión en Italia sobre la legalización del aborto. Defensor absoluto de la vida, como valor y bien de la personalidad, Bianca postulaba, en aquellas páginas, y en un escenario de polémicas irreconciliables que el concebido era titular de un “interés en existir”13.Esta perspectiva era contraria a lo establecido en el artículo 1 del Código Civil italiano de 1942, que, hasta la fecha, sigue condicionando el reconocimiento de la capacidad jurídica al nacimiento.Sin embargo, y esto es lo que debió recogerse como enseñanza de la experiencia del país que más ha contribuido, culturalmente, en nuestro derecho civil vigente, el esfuerzo teórico de Bianca no pudo evitar la promulgación de la Ley N.° 194, del 11 de mayo de 1978, “para la protección social de la maternidad y sobre la interrupción voluntaria del embarazo”, que, pasmosamente, comienza declarando, en el primero de sus artículos, que el Estado “garantiza el derecho a la procreación consciente y responsable, reconoce el valor social de la maternidad y tutela la vida humana desde su inicio”.Aunque un sector de la doctrina italiana mantuvo una visión coincidente o adherente a las ideas de Bianca14, otros autores enseñaron, en adelante, que mediante la regulación del aborto se había cumplido el difícil y controvertido, pero también inevitable objetivo de amparar a las mujeres para las cuales el parto o la maternidad supongan un peligro serio, no solo por su estado de salud, sino por sus condiciones económicas, sociales o familiares, por las circunstancias en las que se produjo la concepción, o incluso tomando en cuenta las previsiones sobre anomalías o malformación del concebido15.La Corte Costituzionale italiana había allanado el camino un año antes, al establecer que los intereses del concebido, a pesar de su relevancia, no eran absolutos:El interés constitucionalmente protegido en relación con el concebido puede llegar a colisionar con otros bienes que también gozan de tutela constitucional, y que, en consecuencia, la ley no puede otorgar al primero una preeminencia total y absoluta, que suponga negar a los segundos una adecuada protección […]16.Se enseña, en esta línea, destacadamente, que “entre el derecho a la vida y el régimen del aborto no existen nexos directos: el aborto no priva de la vida a un sujeto existente, sino que previene el nacimiento de individuos que, por razones taxativamente señaladas en la ley, no son deseados por la madre”17.En el proceso de nuestra última codificación civil se creyó, quizás, que amonedando en una norma las teorizaciones italianas sobre la subjetividad jurídica del concebido, este contaría con una protección más segura18. La misma línea se observó en la Constitución Política de 1993, que sigue al Código Civil, y no al revés.Lo que quedó en la sombra fue el uso pernicioso que se dio a la categoría de sujeto de derecho en la experiencia italiana, fuera de los límites de la tutela del concebido. Porque esa categoría, como narra Rodotà, ha sido históricamente utilizada como un “dispositivo de exclusión”, como ocurrió en Italia, en el período de las leyes antirraciales19. Los judíos eran personas físicas; ello era innegable, pero el régimen imperante construía su faceta jurídica —su subjetividad— con menos derechos y más deberes.De aquí el protagonismo cobrado en los últimos años por el planteamiento que desplaza la noción de sujeto de derecho y coloca en su lugar de la de persona, como la verdadera piedra de toque de la tutela de los valores más importantes del ordenamiento20.La tríada de términos equivalentes, personalidad, subjetividad y capacidad jurídica21, se quebró completamente, pues, en nuestro Código Civil, con propósitos sistematizadores que, al margen de revelar la obsesión taxonómica de la jurisprudencia de conceptos, exigían una justificación y rigor mayor —y que era posible— para no terminar reduciendo el discurso a un deslinde entre persona (¿persona humana? ¿persona para el derecho?) y sujeto de derecho22.El cuadragésimo aniversario del Código Civil brindará, de seguro, una gran ocasión para reflexionar al respecto, y pensar en alternativas para enmendar el camino.Desde los tiempos del derecho romano el concebido ha visto tutelados23, en mayor o menor medida, sus intereses. Y en España y América Latina se ha seguido fielmente esa línea histórica —una tradición, como la denominó Castán Vásquez24 desde el proyecto García Goyena, el Código de Andrés Bello y el Código de Vélez Sarsfield.Nuestro Código Civil de 1936 señalaba, a su vez: “Al que está por nacer se le reputa nacido para todo lo que le favorece, a condición de que nazca vivo”.Para el derecho —explicaba Cornejo— lo que tiene relevancia es el nacimiento, no el acto de concepción que solo es tenido en cuenta a condición de que la gestación llegue a término y el concebido nazca vivo. Esta consideración es el fundamento de que la ley conserve los derechos eventuales del que está por nacer y fictamente refiera ciertos efectos de la capacidad jurídica al momento de la concepción25.Es una tradición también cristiana por supuesto. La influencia del cristianismo en nuestro derecho civil tiene aquí una de sus huellas26.La parte del artículo 1 de nuestro Código Civil relativa al inicio de la vida humana también tiene raíces religiosas27, convalidadas por la doctrina civilista-católica italiana, de gran influencia en el período inmediatamente anterior a la promulgación de nuestro Código Civil28. Su relación con la problemática del aborto es aún más obvia.En el artículo 1 del Código Civil derogado se establecía que el inicio de la personalidad estaba marcado por el nacimiento. Ello no impidió que su exégeta más destacado, León Barandiarán, anotara que “la existencia humana comienza antes del nacimiento mismo; comienza con la concepción, cuando menos en lo que se refiere a la protección que el derecho depara”29.Nuestro Código Civil vigente, en cambio —como deduce, exactamente, Rubio Correa—, “al considerar que la vida humana comienza con la concepción, ha determinado al propio tiempo que el aborto en cualquier etapa del embarazo es privación de vida humana y, por consiguiente, del derecho a la vida”30.El año 2014, durante los trabajos de la de la reforma del Código Civil sobre los derechos de las personas con discapacidad, el autor de estas páginas propuso la eliminación de la referencia al inicio de la vida humana. La moción fue aprobada unánimemente. Sin embargo, después de una recomposición de la Comisión Especial de Discapacidad del Congreso (CEDIS), que sumó a funcionarios de distintas dependencias estatales, como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), se excluyó dicho cambio del proyecto, con el argumento de que esa disposición simbolizaba el aporte del derecho civil contra las tendencias promotoras de la despenalización del aborto.Varios civilistas italianos se han ocupado de tan difícil tópico31. Ninguno de ellos, a pesar de todo, ha tenido la imprudencia, en ninguna época, de sugerir que la cuestión del inicio de la vida humana, y todas las interrogantes científicas que encierra, fuese zanjada con una norma32.Lo que no puede hacer el legislador, por obvias razones, es privar de humanidad a un ser humano, si bien en formación, como el concebido.Tampoco puede hacerlo la magistratura, desde luego, ni la nacional ni la internacional.Así, imposibilitada de desvirtuar con argumentos científicos incuestionables y razones jurídicas valederas, la humanidad del concebido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en el obiter dictum de alguna de sus sentencias, recordada en el debate que precedió la promulgación de la Ley N.° 31935, que “el embrión no puede ser entendido como persona”33.Si el concebido tiene derechos de la personalidad específicamente reconocidos por una ley, nadie podrá poner en duda, en adelante, de que, en términos jurídicos, tiene el estatus de persona. Ese parece ser el razonamiento de nuestros congresistas.Los derechos de la personalidad del concebido, ahora explicitados, podrán sustentar, en el futuro, los siguientes desarrollos.
Por Leysser León Hilario
[pp. 5-19]|
113 / PRESENTACIÓN

Presentación

113 / INFORME ESPECIAL / Comentario De Jurisprudencia

Principales criterios de la Corte Suprema en materia de nulidad de acto jurídico publicados durante el 2023

Por Carlos Franco Montoya Castillo - [pp. 29-97]
113 / Derecho De Las Personas / Doctrina Práctica

El daño al proyecto de vida: una extensión del aporte peruano en el derecho ecuatoriano

Por Stephanie Alejandra Campoverde Quito - [pp. 103-121]
113 / Derecho De Las Personas / Casuística

¿La impugnación de paternidad promovida por el padre no biológico lesionaría el derecho a la identidad del hijo cuando ya cumplió la mayoría de edad?

113 / Derecho De Las Personas / Reseña De Jurisprudencia

No puede emitirse un fallo sobre interdicción sin que se analice el vigente reconocimiento legislativo sobre el estatus de las personas con discapacidad

113 / Derecho De Sucesiones / Doctrina Práctica

La sucesión intestada notarial o judicial, Crítica a la regulación sobre la competencia basada en el último domicilio del causante

Por Leoncio Núñez Romero - [pp. 133-145]
113 / Derecho De Sucesiones / Casuística

¿Se puede pretender la nulidad de una donación del padre en vida por afectar la legítima de sus futuros herederos forzosos?

113 / Derecho De Sucesiones / Reseña De Jurisprudencia

Se acredita la vocación sucesoria del hijo respecto del padre si en su partida aparece declarado por su abuela paterna

113 / Derechos Reales / Doctrina Práctica

La generalidad, supletoriedad y supremacía del Sistema Nacional de Bienes Estatales

Por Marco L. Obando Fernández - [pp. 161-172]
113 / Derechos Reales / Casuística

¿Será precario un cónyuge que alega que el bien que ocupa es uno de carácter social y fue transferido unilateralmente en favor de su demandante?

113 / Derechos Reales / Reseña De Jurisprudencia

Es jurídicamente posible realizar la división y partición de un terreno que forma parte de un inmueble de mayor extensión

113 / DERECHO PROCESAL CIVIL / Doctrina Práctica

La situación de la regulación de la función conciliatoria en el sistema jurídico peruano: a propósito de la eficacia de la conciliación

Por Jhonny Carlos García Aquino - [pp. 189-210]
113 / DERECHO PROCESAL CIVIL / Casuística

¿Puede plantearse con éxito una excepción de caducidad en el trámite de segunda instancia?

113 / DERECHO PROCESAL CIVIL / Reseña De Jurisprudencia

Constituye un documento de fecha cierta aquel emitido por un juez de paz con funciones notariales al margen de que las haya perdido luego

113 / Derecho Privado Constitucional / Doctrina Práctica

Eutanasia y bioética de intervención, Dilemas jurídicos y éticos

Por Wilson Vargas Miñan - [pp. 225-241]
113 / Derecho Privado Constitucional / Casuística

¿Es posible que un padre requiera la entrega de un menor que vive con sus abuelos maternos a través de un habeas corpus?

113 / Derecho Privado Constitucional / Reseña De Jurisprudencia

El EsSalud vulnera el derecho a la salud al no facilitar medicamentos que permitan mejorar la calidad de vida de sus asegurados

113 / JURISPRUDENCIA RELEVANTE

JURISPRUDENCIA RELEVANTE

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