La aprobación de los mayores gastos generales variables producto de una ampliación de plazo por un adicional de obra, ¿es materia arbitrable?

[pp. 163-186]

Luis Puglianini Guerra

Univ.

Sumario

1. Antecedentes. — 2. Materias que se pueden someter arbitraje bajo la Ley de Contrataciones. — 3. ¿Por qué las controversias respecto a la aprobación o no de los adicionales no son materia arbitrable bajo las normas de contrataciones? — 4. ¿Corresponde el pago de gastos generales variables producto de una ampliación de plazo por un adicional? — 5. Los mayores gastos generales variables producto de una ampliación de plazo por un adicional de obra, ¿están incluidos en el presupuesto del adicional?

Resumen

A partir de lo resuelto sobre la imposibilidad de que en sede arbitral se discuta el reconocimiento de la existencia de mayores gastos por ampliación de la obra, el autor analiza la legislación en contrataciones para evidenciar las razones de esta limitación y cuál es el procedimiento a seguirse en estos casos.

Palabras clave: Ampliación de plazo de obra, gastos generales variables, contratación estatal, materia arbitrable

Fundamento legal: Art. 63 de la Ley de Arbitraje; 40, 41 y 52 del D. Leg. N.° 1017

Recibido: 20-01-23
Aprobado: 20-01-23
Publicado en línea: 02-02-23

ABSTRACT

Based on the resolution on the impossibility of discussing the recognition of the existence of higher expenses due to expansion of the work in arbitration, the author analyzes the contracting legislation to demonstrate the reasons for this limitation and what is the procedure to be followed in these cases.

Keywords: Extension of work term, variable general expenses, state contracting, arbitrable matter

Title: Is the approval of the higher variable general expenses resulting from an extension of the term for an additional work is arbitrable matter? Comments to Cassation No. 2912-2018-Lima

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Luis Puglianini Guerra

La aprobación de los mayores gastos generales variables producto de una ampliación de plazo por un adicional de obra, ¿es materia arbitrable?

Número 103 • Enero 2023 • pp. 163-186

ISSN 2313-4828 (impresa) • ISSN 2415-2277 (en línea)

Referencias Bibliográficas

1.
“Desde esta perspectiva, la jurisdicción es la potestad dimanante de la soberanía del Estado, ejercida exclusivamente por los juzgados y tribunales, integrados por jueces y magistrados independientes, de realizar el derecho en el caso en concreto juzgando de modo irrevocable y ejecutando lo juzgado”. Montero Aroca, Juan y otros. Derecho Jurisdiccional. Parte General I. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, p. 40. Volver
2.
Los dispositivos constitucionales también establecen como excepción la jurisdicción militar (art. 139.1), la constitucional (art. 202) y la de las Comunidades Campesinas (art. 149). Volver
3.
Los dispositivos constitucionales también establecen como excepción la jurisdicción militar (art. 139.1), la constitucional (art. 202) y la de las Comunidades Campesinas (art. 149). Volver
4.
STC 6167-2005-PHC/TC, del 02 de febrero de 2006, fundamento 10 (caso: Fernando Cantuarias Salaverry). Volver
5.
Decreto Legislativo N.° 1071. Artículo 40. Competencia del tribunal arbitral. El tribunal arbitral es competente para conocer el fondo de la controversia y para decidir sobre cualesquiera cuestiones conexas y accesorias a ella que se promueva durante las actuaciones arbitrales, así como para dictar las reglas complementarias para la adecuada conducción y desarrollo de las mismas. Volver
6.
“Como ya quedó dicho, y la propia norma así lo prevé, las causales para interponer el recurso de anulación se encuentran contempladas de manera taxativa y, aunque su interpretación sea extensiva, esta discrecionalidad (o flexibilidad) tiene límites que se deberá atender atendiendo a las circunstancias del caso concreto”. STC. Expediente 02851-AA, fundamento jurídico No. 7. “[…] la voluntad de las partes impregna el ordenamiento, no sólo como elemento originador del arbitraje sino que prima la autonomía de la voluntad de las partes incidiendo en cuestiones como: el procedimiento para la designación o recusación de árbitros, las reglas con base en los cuales estos actuarán, la determinación del lugar, el idioma o el inicio del arbitraje, la renuncia a la tutela cautelar, los plazos en que se emitirá el laudo […], en general su voluntad preside cualquier cuestión procedimental, el límite lo imponen los principios de igualdad, audiencia y contradicción”. Cervantes Bravo, Irina Graciela, Comentarios a la Ley de Arbitraje Española, en: Revista Universitas. Bogotá (Colombia) n.° 115, enero-junio del 2008, p. 21. Volver
7.
Decreto Legislativo N.° 1071. Artículo 3. Principios y derechos de la función arbitral. 1. En los asuntos que se rijan por este Decreto Legislativo no intervendrá la autoridad judicial, salvo en los casos en que esta norma así lo disponga. 2. El tribunal arbitral tiene plena independencia y no está sometido a orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones. El tribunal arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar y continuar con el trámite de las actuaciones arbitrales, decidir acerca de su propia competencia y dictar el laudo. 3. Ninguna actuación ni mandato fuera de las actuaciones arbitrales podrá dejar sin efecto las decisiones del tribunal arbitral, a excepción del control judicial posterior mediante el recurso de anulación del laudo contemplado en este Decreto Legislativo. 4. Cualquier intervención judicial distinta, dirigida a ejercer un control de las funciones de los árbitros o a interferir en las actuaciones arbitrales antes del laudo, está sujeta a responsabilidad. Volver
8.
“Los tribunales arbitrales, por consiguiente, dentro del ámbito de su competencia, se encuentran facultados para desestimar cualquier intervención y/o injerencia de terceros —incluidas autoridades administrativas y/o judiciales— destinada a avocarse a materias sometidas a arbitraje, en mérito a la existencia de un acuerdo arbitral y la decisión voluntaria de las partes”. STC Expediente N.° 6167-2 005-HC, fundamento 12. Volver
9.
El recurso de anulación “no es una instancia más en la que se haya de examinar el fondo del asunto, sino una vía para comprobar que el laudo no va contra el orden público y se ajusta a los puntos sometidos a decisión arbitral y a las normas básicas por las que se rige la institución”. Chocrón Giráldez, Ana María, Los principios procesales en el arbitraje, Editorial Bosch, Barcelona, 2000, p. 211. Volver
10.
“d) La valoración y calificación de los hechos y circunstancias sometidos a arbitraje son de exclusiva competencia de la jurisdicción arbitral, a menos que en ello se advierta una manifiesta arbitrariedad, que pueda constatarse de la simple lectura de las piezas que se adjuntan al proceso, sin que sea necesario una actividad probatoria adicional que no es posible en el proceso de amparo”. STC. Expediente N.° 00142-2011-AA, fundamento jurídico n.° 8. Volver
11.
Ledesma Narvaez, Marianella, Comentarios al Código Procesal Civil, Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 29. Volver

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