Proceso civil y efectivización de los derechos de la persona

Establece el artículo 3 de la Constitución: “La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”. Volver

Como lo señala Luiso, Francesco Paolo, Istituzioni di diritto processuale civile, Turín: Giappichelli, 2014, tal cual como los postulados de la matemática. Volver

Chiovenda, Giuseppe, Instituciones de derecho procesal civil, Madrid: Revista de Derecho Privado, 1954, §12, p. 53. Volver

Liebman, Enrico Tullio, Manual de derecho procesal civil, traducido por Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires: EJEA, 1980, pp. 576 y 577. Volver

Carnelutti, Francesco, Derecho y proceso, Buenos Aires: EJEA, 1971, p. 349. Volver

El artículo 10 del CPC portugués sigue estableciendo: “b) As de condenação, exigir a prestação de uma coisa ou de um facto, pressupondo ou prevendo a violação de um direito; c) As constitutivas, autorizar uma mudança na ordem jurídica existente”. Volver

Como veremos más adelante, la violación del derecho constituye, en su visión clásica, el presupuesto sustancial para la procedencia de la tutela de condena. Con esta última previsión, el Código brasileño ha querido poner término a un añoso problema que agitó la doctrina procesalista, especialmente italiana, en el sentido de la admisibilidad de la tutela meramente declarativa aun cuando el actor tenga a su disposición ya la tutela de condena. Volver

Lancellotti, Franco, “Sentenza civile”, en Novissimo Digesto italiano, vol. xvi, Turín: UTET, 1969, pp. 1135-1136. Volver

Cfr. Giannozzi, Giancarlo, Appunti per un corso di diritto processuale civile, Milán: Giuffrè, 1980, p. 23 y ss. La tutela constitutiva ha sido objeto de viva crítica en la doctrina clásica italiana, habiendo quienes, como Rocco, Alfredo, La sentenza civile, Turín: Fratelli Bocca, 1906 y Rocco, Ugo, Trattato di diritto processuale civile, Turín: UTET, 1957, han negado programáticamente su existencia, reconduciéndolas a la categoría de sentencias, en general, declarativas. Sobre el particular, cfr. Lancellotti, “Sentenza civile”, art. cit., pp. 1137-1139. Volver

Liebman, Manual de derecho procesal civil, ob. cit., p. 576. Volver

Lancellotti, “Sentenza civile”, art. cit., p. 1137. Volver

La conceptuación del texto corresponde a Mandrioli, Crisanto, L’azione esecutiva. Contributo alla teoria unitaria dell’azione e del processo, Milán: Giuffrè, 1955, p. 309 y ss. Volver

Calamandrei, Piero, El procedimiento monitorio, traducido por Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires: Bibliográfica Argentina, 1946, pp. 20 y 21. Volver

El texto de este artículo podría hacernos pensar que nuestros legisladores tuvieron esa visión de la necesaria interrelación entre la sentencia de condena y la ejecución forzada, en donde el proceso de conocimiento resulta el instrumento para la obtención de aquella tarjeta de entrada a la ejecución que es el título ejecutivo. Sin embargo, la situación es más bien a la inversa. La ejecución para nuestros legisladores (y, en consecuencia, para nuestro Código) resulta ser aún, no un proceso autónomo del declarativo, sino más bien un apéndice del mismo, tal como lo era la ejecución de sentencia en el derogado Código de 1912, lo que está en las antípodas de la concepción mencionada en el texto. Volver

Proto Pisani, Andrea, “Appunti sulla tutela di condanna”, en Sutidi in onore di Enrico Tullio Liebman, vol. iii, Milán: Giuffrè. 1979, p. 1669. Volver

Retomado en Proto Pisani, Andrea, Le tutele jurisdizionali del diritti. Studi, Nápoles: Jovene, 2003, p. 75 y ss. Volver

Proto Pisani, “Appunti sulla tutela di condanna”, art. cit., pp. 1669 y 1670. Volver

Proto Pisani, “Appunti sulla tutela di condanna”, art. cit., pp. 1675 y 1676. Volver

Proto Pisani, “Appunti sulla tutela di condanna”, art. cit., pp. 1747 y 1748. Volver

En ese sentido se pronuncia Proto Pisani, “Appunti sulla tutela di condanna”, art. cit., pp. 1751-1756. Téngase presente que en el ordenamiento procesal italiano, al igual que en el nuestro, no existe una norma general que prevea la posibilidad de la emisión; en cualquier caso, de las sentencias de condena a futuro, a diferencia, como se ha visto, de la ZPO alemana. Volver

Rapisarda, Cristina, “Premesse allo studio della tutela civile preventiva”, en Rivista di diritto processuale, 1980, p. 98. Volver

Como lo recuerda Rapisarda, “Premesse allo studio della tutela civile preventiva”, art. cit., p. 103, Manfredini (en su Programma al corso di diritto giudiziario de 1884), señalaba que el proceso civil debía esencialmente tender a “procurar a los derechos privados la máxima garantía social con el mínimo sacrificio de libertad individual”. Volver

En ese sentido se expresa Rapisarda, “Premesse allo studio della tutela civile preventiva”, art. cit., pp. 128-134. Volver

Sobre la máxima véase Coniglio, Antonino, Il sequestro giudiziario e conservativo, Turín: Fratelli Bocca, 1926, p. 84. Volver

Coniglio, Il sequestro giudiziario e conservativo, ob. cit., p. 208. Volver

Inhibitorias finales en contraposición con las inhibitorias cautelares. La posibilidad de emitir inhibitorias cautelares es perfectamente posible y no solo en los supuestos de la denominada medida de no innovar (que está sometida al requisito de la inminencia del perjuicio irreparable) y de supuestos típicos, sino en todos aquellos supuestos que sea necesario para garantizar la eficacia de la tutela de fondo, dada la amplitud del artículo 629 del CPC (esto es, con el solo requisito de la presencia del periculum in mora). Volver

Los artículos 196 y 197 de la Ley de Derechos de Autor otorgan a sus titulares una tutela integral frente a la lesión (preventiva y represiva). Es así que el artículo 196 establece: “Los titulares de cualesquiera de los derechos reconocidos en este Decreto Legislativo [sic] sus representantes o las sociedades de gestión colectiva, así como sus licenciatarios exclusivos u otros licenciatarios debidamente autorizados que cuenten con la facultad legal y la autoridad para hacer valer tales derechos, sin perjuicio de otras acciones que les correspondan, podrán solicitar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización correspondiente a los daños materiales y morales causados por la violación y a las ganancias obtenidas por el infractor imputables a la infracción y que no fueran tomadas en cuenta al calcular el monto de los daños (al provecho ilícito), o a elección del titular del derecho, la indemnización pre-establecida, así como el pago de costas y costos”. A su vez el art. 197 establece: “El cese de la actividad ilícita podrá comprender: a. La suspensión inmediata de la actividad infractora./ b. La prohibición al infractor de reanudarla./ c. El retiro del comercio de los ejemplares ilícitos y su entrega al titular de los derechos vulnerados, en su caso, o su destrucción./ d. La inutilización de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados a la reproducción de ejemplares ilícitos y, en caso necesario, la destrucción de tales instrumentos./ e. La incautación de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada./ El Juez podrá ordenar igualmente la publicación de la sentencia, a costa del infractor, en uno o varios periódicos”. Volver

La tutela inhibitoria se concede por una autoridad administrativa (los diversos órganos del Indecopi) y no a través de un proceso civil. En el caso de competencia desleal la tutela inhibitoria está plasmada como “medida correctiva”. Es así que dispone el art. 55 del D. Leg. N.° 1044: “55.1.- Además de la sanción que se imponga por la realización de un acto de competencia desleal, la Comisión podrá dictar medidas correctivas conducentes a restablecer la leal competencia en el mercado, las mismas que, entre otras, podrán consistir en: a) El cese del acto o la prohibición del mismo si todavía no se ha puesto en práctica; b) La remoción de los efectos producidos por el acto, mediante la realización de actividades, inclusive bajo condiciones determinadas; c) El comiso y/o la destrucción de los productos, etiquetas, envases, material infractor y demás elementos de falsa identificación; d) El cierre temporal del establecimiento infractor; e) La rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas; f) La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los productos materia de infracción, las que deberán ser coordinadas con las autoridades competentes, de acuerdo a la legislación vigente; o, g) La publicación de la resolución condenatoriauu prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal b); d) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción; e) la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal b) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado; o f) el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado; g) la publicación de la resolución que pone fin al procedimiento y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor. Tratándose de productos que ostentan una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con autorización expresa del titular”. Como la tutela inhibitoria es otorgada por una autoridad administrativa, la tutela brindada al afectado no es “integral”, por lo que el lesionado por la competencia desleal o la vulneración de los derechos de propiedad industrial solo podrá pretender la indemnización por los daños que se le hubiera ocasionado una vez terminado el procedimiento administrativo. Así, dispone el art. 58 del D. Leg. N.° 1044: “58.1.- Cualquier perjudicado por actos de competencia desleal declarados por la Comisión o, en su caso, por el Tribunal, podrá demandar ante el Poder Judicial la pretensión civil de indemnización por daños y perjuicios contra los responsables identificados por el INDECOPI”. Por su lado, el artículo 129 del D. Leg. N.° 1075 establece: “Agotada la vía administrativa, se podrá solicitar en la vía civil la indemnización de los daños y perjuicios a que hubiera lugar. La acción civil prescribe a los dos (2) años de concluido el proceso administrativo”. Volver

Conforme al artículo 24 de la Ley N.° 29733: “En caso de que el titular o el encargado del banco de datos personales deniegue al titular de datos personales, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos establecidos en esta Ley, este puede recurrir ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en vía de reclamación o al Poder Judicial para los efectos de la correspondiente acción de hábeas data”. Ello significa que la tutela de los datos personales está a cargo de una autoridad administrativa. A nivel judicial se tutela por un proceso “constitucional” y no civil. Volver

Cfr. Aldo Frignani (“Inibitoria (azione)”, en Enciclopedia del diritto, vol. xxi, Milán: Giuffrè, 1971, pp. 570-572; L’injunction nella common law e l’inibitoria nel diritto italiano, Milán: Giuffrè, 1974, p. 456 y ss.); Proto Pisani, “Appunti sulla tutela di condanna”, art. cit., Rapisarda (“Premesse allo studio della tutela civile preventiva”, art. cit., p. 94 y ss; “Tutela preventiva, inibitoria cautelare ex art. 700 C.P.C. ed inibitoria finale”, en Rivista di diritto processuale, 1986, p. 138 y ss.; Profili della tutela civile inibitoria, Padua: Cedam, 1987); Di Majo, Adolfo, La tutela civile dei diritti, 4.a ed., Milán: Giuffrè, 2003, p. 144 y ss. Cfr. últimamente, Aloisio, Roberto G., “Il principio del diritto soggettivo all’inibitoria”, en Contratto e impresa, n.° 31(6), 2015, p. 1218 y ss., para quien, como lo refleja el título de su trabajo, existe un “derecho subjetivo a la inhibitoria”. Volver

Véase nota 14. Volver

Así establece el art. 198 de la Ley de Derechos de Autor: “El Juez, a instancia del titular del respectivo derecho, de su representante o de la sociedad de gestión correspondiente, ordenará la práctica inmediata de las medidas cautelares necesarias para evitar que se cometa la infracción o que se continúe o repita una violación ya realizada, y en particular las siguientes: a. El embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita o, en su caso, de las cantidades debidas por concepto de remuneración. b. La suspensión inmediata de la actividad de fabricación, reproducción, distribución, comunicación, exportación o importación ilícita, según proceda. c. El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material o equipos empleados para la actividad infractora. Las medidas precautorias previstas en esta disposición no impedirán la adopción de otras contempladas en la legislación ordinaria”. Volver

Comoglio, Luigi Paolo, “L’individuazione dei beni da pignorare”, en Rivista di diritto processuale, 1992, p. 89. Volver

Di Majo, La tutela civile dei diritti, ob. cit., p. 133. Volver

Fernández Sessarego, César, “Protección preventiva, unitaria e integral de la persona. A propósito del artículo 17 del Código Civil”, en Advocatus. Nueva Época, 1(1), 1998, p. 51 y ss. Volver

Fernández Sessarego, “Protección preventiva, unitaria e integral de la persona. A propósito del artículo 17 del Código Civil”, art. cit., p. 53. Volver

Ibid., p. 53. Volver

Ibid., pp. 51 y 52. Volver

Ibid., p. 56. Volver

El texto íntegro de la sentencia (emitida en el Exp. N.° 4643-99 por el Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima) puede leerse en Pérez Ríos, Carlos, Estudio integral de las medidas cautelares en el proceso civil peruano, tesis doctoral, Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2010, p. 431 y ss. La sentencia tiene fecha 26 de octubre de 1999 y fue emitida en el mismo año en que se inició el proceso (un “récord” de velocidad para nuestro Poder Judicial…). Contra ella si bien se interpuso apelación, su concesorio fue luego anulado por haberse pagado “tasa diminuta”. Volver

Cfr. Nota de prensa, “Con la medida cautelar hemos evitado que se difunda el libro / Montesinos a Gisela Valcárcel”, en La República, Lima: 9 de marzo del 2001. Recuperado de <https://bit.ly/3kdXHs7>. Según la transcripción del video de la reunión entre Vladimiro Montesinos, Gisela Valcárcel y José Francisco Crusillat, realizada en la famosa “salita del SIN” el día 26 de febrero de 1999, fue el primero el que movió todas “las fichas” para que Gisela Valcárcel obtuviera (siempre en tiempo “record”) una inhibitoria cautelar. No hay que descartar que la sentencia haya sido elaborada por el propio Montesinos (así se explicaría la “velocidad” en la expedición de la sentencia, y que se haya “forzado” su ejecutoria), que tenía muy claro (lo evidencia la transcripción del video) lo que es una “inhibitoria” y cómo se hace efectiva. Volver

La Ley N.° 28720, publicada el 25 abril del 2006, modificó el artículo 21 del CC, dándole el siguiente texto: “Cuando el padre o la madre efectúe separadamente la inscripción del nacimiento del hijo nacido fuera del vínculo matrimonial, podrá revelar el nombre de la persona con quien lo hubiera tenido. En este supuesto, el hijo llevará el apellido del padre o de la madre que lo inscribió, así como del presunto progenitor, en este último caso no establece vínculo de filiación. // Luego de la inscripción, dentro de los treinta (30) días, el registrador, bajo responsabilidad, pondrá en conocimiento del presunto progenitor tal hecho, de conformidad con el reglamento. // Cuando la madre no revele la identidad del padre, podrá inscribir a su hijo con sus apellidos”. Conforme al art. 3 de la Ley N.° 28720: “El presunto progenitor que se considere afectado por la consignación de su nombre en la partida de nacimiento de un niño que no ha reconocido, puede iniciar un proceso de usurpación de nombre, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 del Código Civil, y de acuerdo a la vía del proceso sumarísimo”. Volver

La sentencia es de fecha 17 de enero de del 2012. La demanda es de fecha 9 de marzo del 2006. Volver

La vitivinícola demandada sigue, hasta la fecha, utilizando como denominación social el nombre del padre del demandante (tiene RUC vigente y autorización del Indecopi para usar la denominación de origen “pisco”), por lo que puede inferirse que el proceso “inhibitorio” o terminó sin decisión sobre el fondo o la demanda se declaró infundada. Volver

Cfr. Nota de prensa, “Este es el anteproyecto de reforma al Código Civil [Lea la propuesta]”, en La Ley, Lima: 5 de julio del 2018. Recuperado de <https://bit.ly/3zj9MD3>. Volver

Señala Walter, Gerhard, “Diritti della personalità e danno risarcibile nel diritto svizzero: aspetti processuali”, en Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1995, p. 1383, que según reiterada jurisprudencia del Tribunal Federal suizo la mera declaración de la ilicitud de un determinado comportamiento lesivo de la personalidad puede representar una tutela jurídica más eficaz respecto a la ofrecida por las acciones de prohibición y cesación previstas en los ns. 1 y 2 del art. 28.1: “En otras palabras, la mera declaración del carácter lesivo de un determinado comportamiento frente a un derecho de la personalidad del actor puede constituir un medio suficiente para hacer cesar la lesión. La acción de mera declaración puede pues lograr el mismo resultado al que está dirigida la acción sub letra b) (hacer cesar la lesión)”. Volver

Chiarloni, Sergio, “Su taluni aspetti processuali del risarcimento del danno per lesione dei diritti della personalità”, en Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1995, p. 1177. Volver