La protección de las microempresas en Italia y en el Perú: una experiencia comparada

Amplius véase Trubiani, Franco, I contratti delle microimprese: regole del mercato e controllo giudiziale, Nápoles: ESI, 2020. Volver

La elección metodológica hecha aquí procede desde el estudio de un sujeto jurídico de derecho positivo; sin embargo, nos referimos al importante debate sobre el “tercer contrato” y el “contrato asimétrico” y a sus principales proponentes, prof. Roberto Pardolesi y prof. Vincenzo Roppo (véase Aa. Vv., Il terzo contratto, Gitti G. y Villa G. (coords.), Bolonia: Mulino, 2008; Pardolesi, Roberto, “Prefazione”, en Colangelo, Giuseppe, L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un’analisi economica e comparata, Turín, 2004, XII s.; Roppo, Vincenzo, “Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici”, en Riv. dir. priv., 2007, p. 679 y ss.; id., Prospettive del diritto contrattuale europeo. Dal contratto del consumatore al contratto asimmetrico?, en Corr. giur., 2009, p. 267 y ss.). Volver

La advertencia emitida por el papa Francisco el 7 de febrero con motivo de la presentación en Milán de la Expo 2015 (publicada en el Osservatore Romano del 8 de febrero del 2015), según el cual “de lo que debe partir una política económica sana es muy significativa. ¿Qué es un auténtico político comprometido? ¿Cuáles son los pilares de quienes están llamados a administrar los asuntos públicos? La respuesta es precisa: la dignidad de la persona humana y el bien común. Desafortunadamente, sin embargo, estos dos pilares que deben estructurar la política económica a menudo parecen apéndices añadidos desde el exterior para completar un discurso político sin perspectivas o programas de verdadero desarrollo integral”. Volver

Esta circunstancia hace que la doctrina refleje el papel del derecho, especialmente el privado, para enfrentar la crisis. En este sentido, a la luz de la aplicación del principio de subsidiariedad, la introducción en Italia de la regulación de la composición de las crisis de sobreendeudamiento (Ley 27 de enero del 2012, n.° 3); sobre el tema, se refiere Carleo, Roberto y Franco Trubiani, “Composizione della crisi da sovraindebitamento e controllo del giudice in sede di omologazione”, en Il principio di sussidiarietà nel diritto privato, ii, Nuzzo, Mario (coord.), Turín: Giappichelli, 2014, p. 417 y ss. En general, véase Rossi Carleo, Liliana, Oltre il consumatore nel tempo della crisi: le nuove competenze dell’Agcm, en Le obbligazioni e i contratti nel tempo della crisi economica, Grisi, Giuseppe (coord.), Nápoles: Jovene, 2014, p. 253 y ss.; Mazzamuto, Salvatore, “Il contratto europeo nel tempo della crisi”, en Eur. dir. priv., 2010, p. 620 y ss.; véase también las páginas interesantes de Alpa, Guido, “La disciplina del contratto e la crisi económica”, en Il contratto in generale. Fonti, teorie, metodi, en Tratt. Cicu-Messineo, Milán: Giuffrè, 2014, p. 839 y ss., que concluye que “incluso en la fase actual, por lo tanto, prevaleció la línea de la política de la ley para hacer que el riesgo de la crisis absorbiera a las personas, la familia y los operadores privados (excepto el apoyo a las instituciones bancarias y financieras y al empresas de otros sectores económicos), manteniendo las relaciones entre empresas sin aplicar las reglas generales del contrato que podrían haber permitido el uso, al menos, de la carga excesiva del servicio para liberar al deudor. En otras palabras, se prefirió la línea de intervención pública, diseñada en Europa, mejorando el sistema de controles de las Autoridades Supervisoras y, en lo que respecta a las relaciones bancarias, ampliando las obligaciones de información precontractual, precisamente para evitar una otra crisis centrada en la crisis crediticia. Esto no significa que la legislación especial de la crisis no produjo efectos en las relaciones entre particulares, pero no fue una intervención orgánica o un programa gobernado coherentemente”. Volver

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (IEDEP- CCL, 2020) estima que el PBI caería 3,7 % para este año por efecto del COVID-19 fundamentado en la contracción de la demanda interna privada. Las mypes ante este nuevo escenario son las más afectadas. El estado de emergencia y el aislamiento obligatorio han hecho que la demanda de sus productos caiga notoriamente. Las medidas de restricción les impiden contar con la mano de obra necesaria para trabajar con normalidad, lo cual ocasiona un grave inconveniente considerando que muchas de ellas están vinculadas con los sectores manufacturero y de servicios (véase Covid 19 en el Perú: El impacto en las Mypes, en https:// economiaverde.pe/covid-19-en-el-peru-el-impacto-en-las-mypes/). Por Decreto de Urgencia N.° 057-2021 se dispuso establecer medidas para preservar la estabilidad del sistema financiero, promover el financiamiento de la mype y de los pequeños productores agrarios y otras medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Sobre el particular, el presente decreto de urgencia tiene por objeto modificar el Decreto Legislativo N.° 1508, así como ampliar plazos de acogimiento, utilización de recursos y vigencia del Fondo de Apoyo Empresarial a la Mype del Sector Turismo (FAE-TURISMO), el Programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-AGRO) y Programa de Apoyo Empresarial a las Micro y Pequeñas Empresas (PAEMYPE), así como ampliar el plazo de acogimiento a las reprogramaciones de los créditos garantizados con el Programa “Reactiva Perú” y el Fondo de Apoyo Empresarial (FAE-MYPE) y permitir la apertura de cuentas para ciudadanos en el sistema financiero, con la finalidad de preservar la estabilidad del sistema financiero, promover el financiamiento de la mype y los pequeños productores agrarios. Volver

En este sentido véase Small Business Act presentado por la Comisión Europea, publicado en su última versión en 2012 (disponible en http://ec.europe.eu); sobre el tema de la promoción de las mypes, véase Collis, Jill y Jarvis, Robert, Financial information and the management of small private companies, en Journal of Small Business and Enterprise Development, 2002, p. 100 y ss. Volver

Sobre el concepto de “mercado”, cfr. Irti, Natalino, L’ordine giuridico del mercato, Bari: Laterza, 1998, p. 10 y ss., que advierte que el mercado representa un locus artificialis y está configurado como un instrumento para el debilitamiento de las relaciones sociales. De lo contrario, surge Sacco, Rodolfo, “Contratto, autonomia, mercato”, en Il contratto, Sacco R. y De Nova G. (coords.), en Tratt. dir. civ. Sacco, Turín, 2005, p. 21, según el cual el mercado nace como un producto espontáneo de la autonomía privada y la regulación es producida por la autoridad. Parece, sin embargo, difícil plantear la hipótesis de la presencia de un “mercado sin derechos”, sin reglas o mejor, tal mercado también podría existir, pero terminaría siendo el predominio del equilibrio de poder. De hecho, un cuidadoso autor escribe correctamente (Messinetti, Davide, “La manualistica e le nozioni fondamentali del diritto”, en Riv. dir. civ., 2002, i, p. 650), que un mercado de este tipo está configurado “como un instrumento para debilitar las relaciones sociales, lo que lleva a los hombres a una mercantilización infinita y al conflicto continuo”. Volver

En este orden de consideraciones, véase Trubiani, Franco, “Clausole vessatorie nella contrattazione d’impresa e tutela privatistica della microimpresa”, en Problemi del contratto e diritto privato europeo. L’esperienza della Spagna, Carleo R. (coord.), Nápoles: ESI, 2014, p. 127 y ss. Volver

Critico Vilpisauskas, Ramunas, “Does Europe 2020 represent learning from the Lisbon strategy?”, en European and national economic transformation: the EU after the Lisbon decade, Smith Mit. (coord.), London, 2012, p. 188 y ss. Volver

Para todos en la doctrina italiana, véase Nuzzo, Mario, “Regolamento sul diritto comune europeo della vendita ed evoluzione del diritto interno”, en Contr. impr. Eur., 2013, p. 618 y ss. Volver

Más allá, por ejemplo, del difícil acceso al crédito y la lentitud de los procesos civiles y comerciales. Volver

Sobre el tema véase Trubiani, Franco, “Proposta di un Regolamento opzionale comune in tema di compravendita (CESL) e tutela delle PMI”, en Obbl. contr., 2012, p. 894 y ss. Volver

COM. (2008) 394, Communication from the Commission to the Council, to the European Parliament, the European economic and social commitee and the Commitee of the Regions, en http://ec.europa.eu. Volver

Sobre la ambigüedad del término “principios”, remítase a las preciosas páginas de Alpa, Guido, Principi generali, en Digesto disc. priv., agg., Turín, 2014, p. 493 y ss., que analiza las dificultades del legislador moderno para incluir los “Principios generales”, entre los Principios del derecho contractual europeo, informando 3 hipótesis diferentes: a) recuerdo directo, incluso sin reproducirlas; b) a través de la interpretación, es decir, considerar cada texto como necesariamente interpretado y aplicado a la luz de los Principios Generales; c) considerar los Principios como normas obligatorias y, por lo tanto, como normas que, en todo caso, deben aplicarse (sobre el tema, sin embargo, hay opiniones muy diferentes, entre otras véase Adar, Yehuda y Pietro Sirena, “Principles versus rules in the emerging European contract law”, en Rules and principles in European contract law, Cambridge: Intersentia, 2015, p. 7 y ss.; Castronovo, Carlo, L’eclissi del diritto civile, Milán: Giuffrè, 2015, p. 10 ss.; Reich, Norbert, General principles of EU Civil law, Cambridge: Intersentia, 2014, p. 3 y ss.; Hesselink, Martin, The general principles of civil law: their nature, roles, legitimacy, en Amsterdam Law school research papers, 2011, p. 19 ss.; Basedow, Jurgen, The court of Justice and private law, en European Review of Contract Law, 2010, p. 20 y ss.; Aubert de Vincelles, Carole, “Les principes gènèraux relatifs au droit des contrats”, en Pour une rèforme des contrats, París: Dalloz, 2009, p. 115 y ss.).Hoy también se refleja en el tema relacionado de los denominados “principios de identificación” de un sistema legal específico para tener en cuenta con referencia al caso específico. En el punto véase Femia, Pasquale, “Tre livelli di (in)distinzione tra principi e clausole generali”, en Fonti, metodo e interpretazione, (coord.) Perlingieri G. y D’Ambrosio M., Nápoles: ESI, 2017, p. 230 y ss.; Alpini, Arianna, Diritto italo-europeo e principi identificativi, Nápoles: ESI, 2018. Volver

El 23 de febrero del 2011, la Comisión Europea presentó el aviso de revisión de la Small Business Act, para dar un nuevo impulso a la implementación de los principios definidos en 2008 y para alinear las políticas para las mypes con los nuevos objetivos establecidos por la estrategia “Europe 2020”. La Comisión ha reiterado su compromiso de promover un entorno favorable a las empresas para las mypes y colocar a las pequeñas y medianas empresas en el centro de sus políticas, así como a los principales programas de financiación europeos. El nuevo Small Business Act enfatiza la importancia de garantizar el cumplimiento del principio Think small first, con referencia a los actos legislativos y, al mismo tiempo, a las medidas administrativas, interviniendo a través de los denominados fitness checks sobre las nuevas propuestas regulatorias y sobre el marco regulatorio actual. Volver

García Huaroto, Jorge, El ABC de la micro y pequeña empresa, en http://www.teleley.com/ revistaperuana/abc-66.pdf, p. 432 y ss. Volver

Sobre el tema Morón Urbina, Juan Carlos, “El fraccionamiento ilícito en la contratación administrativa”, en Revista de Derecho de la Universidad de Lima, 2001, p. 333 y ss. Volver

Mares, Carla, “El régimen jurídico de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPEs) en el Perú”, en Mares, Carla y Masbernat, Patricio (coords.), Regulaciones del patrimonio empresarial familiar en las MipyMes. La experiencia en Iberoamérica, Lima: Palestra, 2013, p. 282. Volver

Sobre el tema véase Giani, Loredana, “La rilevanza delle microimprese”, en An. giur. econ., 2014, p. 119 y ss.; Cippitani, Roberto,“A proposito della definizione di ‘piccole e medie imprese’ nel diritto comunitario”, en Rass. giur. umbra, 2004, p. 439 y ss.; Benvenuto, Lia, “La nozione di ‘microimpresa’, di ‘piccola’ e di ‘media impresa’ negli aiuti alle attività produttive”, en Corriere trib., 2005, p. 2213 y ss. Volver

Pagliantini, Stefano, “Per una lettura dell’abuso contrattuale: contratti del consumatore, dell’imprenditore debole e della microimpresa”, en Riv. dir. comm., 2010, p. 434. Volver

De Cristofaro, Giovanni, “Pratiche commerciali scorrette e ‘microimprese’”, en Nuove leggi civ. comm., 2014, p. 15. Volver

De Cristofaro, “Pratiche commerciali scorrette e ‘microimprese’”, art. cit., p. 15. Volver

Art. 3 de la Ley n.° 3 del 27 marzo del 2014, establece que “a efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores a efectos de esta norma las per sonas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica, que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial”. Lo que interesa es el párrafo 2, que se refiere a los consumidores, de acuerdo con esta ley, también las entidades legales que operan fuera del entorno empresarial, sin fines de lucro. Este paso es particularmente importante porque atribuye el estado del consumidor a las instituciones, como asociaciones no reconocidas y las organizaciones sin fines de lucro, que parecen compartir muchas más características con los consumidores que con los profesionales (resalta la validez de este enfoque también Marin, Manuel Jesús, “El ‘nuevo’ concepto de consumidor y empresario en la inminente reforma del TRLGDCU”, 2014, 1 y ss., en http://blog.uclm.es/cesco/files/2013/12/ MANUEL-MAR%C3%8DN-24-NOV-TEXTO-Concepto-consumidor-enProy-modif-TRLGDCU.pdf). Volver

Corte di Giust. UE, 23 de abril de 1991, C-41/90. Volver

En cuanto a los abogados, Corte di Giust. UE, 19 de febrero del 2002, C-309/99; para los cargadores, Corte di Giust.UE, 18 de junio de 1998, C-35/96; para médicos especialistas, véase Corte di Giust. UE, 12 de septiembre del 2000, C-180/98. Volver

Entre otros, véase Corte di Giust. UE, 16 de marzo del 2004, C-264/01, C-306/01, C-354/01, C-355/01, en Diritto comunitario della concorrenza, Raffaelli E.A. y Bellis J.F. (coord.), Milán: Giuffrè, 2006, p. 72 y ss. Volver

Sobre el tema v. Troiano, Onofrio, Contratto di pagamento, en Enc. dir., v, Ann., Milán: Giuffrè, 2012, p. 392 y ss.; Barillà, Giovanni Battista, L’addebito diretto, Milán: Giuffrè, 2013. Volver

Arreglo que, con motivos para nada compartible (también en relación con el tema más antiguo de cómo financiar las microempresas), impide a las microempresas la posibilidad de emitir facturas financieras. Sobre el tema, véase Briolini, Federico, “La nuova disciplina delle cambiali finanziarie”, en Nuove leggi civ. comm., 2013, p. 906 y ss. Volver

Según el cual “si el cliente no es un consumidor o una microempresa según lo definido en el artículo 1, párrafo 1, literal t), del decreto legislativo 27 de enero del 2010, n.° 11, las cláusulas de una duración distinta a las de duración indefinida a que se refiere el párrafo 1 de este artículo pueden incluir cláusulas expresamente aprobadas por el cliente, que contemplen la posibilidad de modificar las tasas de interés ante la ocurrencia de eventos y condiciones específicos, predeterminados en el contrato”. La construcción de la norma parece al menos difícil de entender, si no, como afirma un autor cuidadoso (Ferro-Luzzi, Federico, “Lo jus non variandi: prime considerazioni e alcune supposizioni sul comma 2-bis dell’art. 118, T. u. b., dopo la l. 106/2011”, en www.ilcaso.it, 2011) “incomprensible”. Esta extraña disposición resulta negativa, o cita a la microempresa para excluirla como consumidores del alcance de la norma en sí misma: no es casual que el autor mencionado explícitamente hable de “ius non variandi”. Más allá de las evaluaciones de mérito de la ley bancaria, que no interesan aquí, la importancia de esta regla, a los fines de esta investigación, se justifica por la igualación de la microempresa al consumidor y, por lo tanto, proporciona una prueba más para verificar la tendencia del legislador para diferenciar las figuras emprendedoras, separándose del grupo de MYPES, la microempresa para unirla al destino del consumidor bancario. Volver

Sobre el tema véase Lucchesi, Francesca, “Pratiche commerciali scorrette e ambito di applicazione (artt. 18-19)”, en Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli, Vettori, Giuseppe, coord., Padua: Cedam, 2013, p. 151 y ss.; Orlando, Salvatore, L’estensione della disciplina delle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori alle pratiche commerciali tra professionisti e “microimprese”, ibidem, p. 181 y ss.; De Cristofaro, “Pratiche commerciali scorrette e ‘microimprese’”, art. cit., p. 3 y ss.; Valentino, Daniela, “Timeo danaos et dona ferentes. La tutela del consumatore e delle microimprese nelle pratiche commerciali scorrette”, en Riv. dir. civ., 2013, p. 1157 y ss.; Bacciardi, Edoardo, “La limitazione del recesso delle microimprese tra pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole”, en Nuova giur. civ., 2014, p. 244 y ss. Volver

Véase también “Relazione annuale 2010”, del presidente del Agcm (prof. Antonio Catricalà), según el cual habría sido “necesario ampliar el rango de intervención antimonopolio a las prácticas comerciales inadecuadas contra las pequeñas y medianas empresas”, en www.agcm.it. Volver

Disponible en www.agcm.it. Volver

Más completo, sobre el tema, cfr. las consideraciones hechas por De Cristofaro, Giovanni, “Le nozioni di pratica commerciale e di pubblicità e il rapporto tra gli artt. 18 ss. cod. cons. ed il d. legisl. 2 agosto 2007, n. 145”, en AIDA, 2008, p. 195 y ss. Volver

De Cristofaro, “Pratiche commerciali scorrette e ‘microimprese’”, art. cit., p. 18. Volver

Además, el Tribunal de Justicia Europeo considera este parámetro como una tipología cultural abstracta que permite identificar a priori el grado de inteligencia, prudencia y capacidad de información autónoma que puede exigir un consumidor: por esta razón, en la directiva no existe una definición que permita una adaptación del concepto, de acuerdo con la jurisprudencia de la CGUE. Volver

Corte di Giust., 29 de abril del 2004, C-468/01, en Foro it., 2005, iv, c. 50 ss., con particular referencia al engaño de la marca. Volver

En este sentido, también hay algunas aperturas en la jurisprudencia de mérito, cfr. Trib. Reggio Emilia, 19 de abril del 2012, en www. ilcaso.it, quien ha expresado que “en el caso de un contrato para la prestación de servicios telefónicos en una casa utilizada como vivienda, se debe suponer, incluso si el contratolleva la indicación literal de que el mismo está reservado para ‘microempresas’, que el acto es directamente contextual para el cumplimiento de los objetivos del denominado promiscuo o mixto, doméstico y profesional”. Volver

Según el cual “las prácticas comerciales que, aunque llegan a grupos más grandes de consumidores, son capaces de distorsionar apreciablemente el comportamiento económico de solo un grupo de consumidores claramente identificable, particularmente vulnerable a la práctica o producto al que hace referencia debido a su enfermedades mentales o físicas, su edad o ingenio, de una manera que el profesional podría prever razonablemente, se evalúan desde la perspectiva del miembro promedio de un grupo”. Volver

Zeno-Zencovich, Vincenzo, “Prospettive di disciplina delle risorse e dei messaggi pubblicitari”, en Dir. inf., 1996, p. 7 y ss. Volver

En el sistema anterior véase las consideraciones interesantes de Gambino, Alberto Maria, “La tutela del consumatore nel diritto della concorrenza: evoluzioni e involuzioni legislative anche alla luce del d. lgs. 25 gennaio 1992 in materia di pubblicità ingannevole”, en Contratto impr., 1992, p. 432 y ss. Volver

Sobre el tema, véase Testa, Pasquale, sub art. 2 d. lgs. 145/07, en Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Ubertazzi L. (coord.), Padua: Cedam, 2012, p. 2302 y ss. Volver

Orlando, Salvatore, Le informazioni, Padua: Cedam, 2013, pp. 158 y 159. Volver

De Cristofaro, “Pratiche commerciali scorrette e ‘microimprese’”, art. cit., p. 19. Volver

En este sentido véase Angelone, Marco, Autorità indipendenti e eteroregolamentazione del contratto, Nápoles: ESI, 2012. Volver

Corte de Justicia de la UE, 26 marzo 2019, C-70/17 - C. 179/17, en Nuova giur. civ. comm., 2019, p. 424 y ss. Volver

Véase la problemática del acceso a la justicia, con referencia a la cuestión de la inmunidad jurisdiccional de los Estados, Corte EDU, 21 de noviembre del 2001, n.° 35763/97, Al-Adsani c. Regno Unito. En el presente caso, el Tribunal de Estrasburgo afirma que el derecho a la protección judicial, afirmado por el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no se ve afectado por la concesión de la inmunidad de jurisdicción civil a un Estado extranjero, al que se acusa de haber cometido un delito internacional; en el presente caso, el Estado de Kuwait había sido acusado ante los tribunales ingleses de haber cometido el delito de tortura. La limitación del derecho de visita parece justificada, en opinión del Tribunal, ya que sería proporcional a la promoción del respeto mutuo y de las buenas relaciones entre los Estados, por lo tanto, indirectamente, al respeto del derecho internacional: en consecuencia, el propio artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos debe interpretarse, de acuerdo con otros principios del derecho internacional, como la norma que prevé el reconocimiento de las inmunidades jurisdiccionales. Volver

En este sentido Caterini, Enrico, “La trasparenza bancaria”, en I contratti bancari, (coord.) Capobianco E., en Tratt. contr. Rescigno-Gabrielli, Milán: Giuffrè, 2016, p. 150. Volver

Rizzo, Vito, Trasparenza e “contratti del consumatore” (la novella al codice civile), Nápoles: ESI, 1997, p. 78 y ss. Volver

Corte Just. UE, 20 de septiembre del 2017, C-186/16, en Nuova giur. civ. comm., 2018, p. 502 y ss. Volver

Así que hace varios años Capobianco, Ernesto, Contrattazione bancaria e tutela dei consumatori, Nápoles: ESI, 2000, p. 112 y ss., espec. p. 115. Volver

Grossi, Paolo, “Il giudice civile. Un interprete”, en Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, p. 1144 y ss., afirma que el pluralismo de fuentes implica “dos consecuencias inevitables: la inadecuación de la ley y la pérdida de su autoridad. También implica la necesidad urgente de sustitutos; a lo que —como ya hemos dicho— corresponde un papel completamente nuevo para el jurista y, especialmente, para el juez. Un papel totalmente nuevo con respecto a la modernidad posterior a la Ilustración, pero con resonantes ascendentes en la civilización clásica y medieval y con fuertes correspondencias con el mundo del derecho común- que podríamos definir correctamente como la invención de lo jurídico”. Volver

Perlingieri, Pietro, “I mobili confini dell’autonomia privata”, en Il diritto dei contratti tra persona e mercato. Problemi di diritto civile, Nápoles: ESI, 2003, p. 22 y ss. Volver

Lipari, Nicolò, “Ancora sull’abuso del diritto. Riflessioni sulla creatività della giurisprudenza”, en Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, p. 6 y ss.; Gentili, Aurelio, “A proposito di Eclissi del diritto civile”, en Eur. dir. priv., 2016, p. 1167 y ss.; Addis, Fabio, “Sulla distinzione tra norme e principi”, en Eur. dir. priv., 2016, p. 1039 y ss.; Pennasilico, Mauro, “‘Mènage à trois’: la correzione giudiziale dei contratti”, en Rass. dir. civ., 2016, p. 179 y ss. Volver

Perlingieri, Giovanni, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Nápoles: ESI, 2015. Volver

Criscuolo, Fabrizio, “Autonomia negoziale e autonomia contrattuale”, en Tratt. dir. civ. CNN, (coord.) Perlingieri P., iv, 1, Nápoles: ESI, 2008, p. 4. Volver

Maisto, Filippo, L’autonomia contrattuale nel prisma della sussidiarietà orizzontale, Nápoles: ESI, 2016, p. 131. Volver

Perlingieri, Pietro, “‘Controllo’ e ‘conformazione’ degli atti di autonomia negoziale”, en Rass. dir. civ., 2017, p. 218 ss.; id., Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti, en id., Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile, Nápoles: ESI, 2003, p. 461 y ss. Volver

Mezzasoma, Lorenzo, “Consumatore e Costituzione”, en Rass. dir. civ., 2015, p. 319, destaca cómo la condición de debilidad de un sujeto no puede ser objeto de una presunción absoluta basada en la calificación subjetiva, sino que su variabilidad y mutabilidad deben empujar el eje del sistema hacia una presunción relativa. Volver

Perlingieri, “‘Controllo’ e ‘conformazione’ degli atti di autonomia negoziale”, art. cit., p. 219. Volver

Observa Punzi, Antonio, “Prefazione”, en Benedetti, Giuseppe, Oggettività esistenziale dell’interpretazione: Giappichelli, 2014, xvi, que nuestra época está marcada por una transición imparable de un derecho que se producía de forma jerárquica a un derecho que se escribe y reescribe por diferentes sujetos, legislador y magistrados. Volver

Femia, Pasquale, “Applicare il diritto al caos. Teoria riflessiva delle fonti e unità dell’ordine”, en Diritto privato comunitario, (coord.) Perlingieri P. y Ruggeri L., Napoli, 2009, p. 39 y ss. Volver

Perlingieri, Giovanni, “Ragionevolezza e bilanciamento nell’interpretazione recente della Corte Costituzionale”, en Riv. dir. civ., 2018, p. 742, según la cual “la razonabilidad no atribuye un supuesto poder en blanco, ni, como sostienen algunos, se resuelve en la investigación del ‘consenso social’ (que parece incierto, peligroso y arbitrario). Por el contrario, es un criterio que, respecto del principio de legalidad, contribuye a identificar, en el momento de la aplicación, la solución, entre las abstractamente posibles, más conforme, no solo con la letra de la ley, sino con la lógica global del sistema y sus valores normativos, de modo que la Razón jurídica de la decisión sea siempre conforme con el ordenamiento jurídico caracterizado por aquellos principios que, en un determinado momento histórico, identifican un determinado sistema del ordenamiento jurídico. De lo contrario, se correría el riesgo de utilizar el concepto de razonabilidad para proponer interpretaciones vinculadas a los datos estadísticos y al ‘orden natural de las cosas’, lo que socavaría los principios fundamentales, o de renunciar a la ponderación de los principios y a la evaluación comparativa de los intereses, considerando la razonabilidad como un criterio normativo que remite a un juicio de probabilidad, a un ‘acuerdo suficientemente amplio’ y a la ‘práctica’”. Volver

Irti, Natalino, Le due Cassazioni civili (in difesa della motivazione), en Contr. impr., 2017, p. 11 y ss., y en La nuova Cassazione civile, (coord.) Di Porto, Andrea, Padua: Cedam, 2017, p. 9 y ss. Sobre este tema, véase también los volúmenes de Carleo, Alessandra (coord.), Calcolabilità giuridica, Bolonia: Mulino, 2017. Volver