Los sueños delirantes del Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿Reducir la asimetría informativa favorecerá una elección adecuada de consumo?

Ley N.° 29571, publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de setiembre del 2010, vigente desde el 2 de octubre del 2010. Volver

Antes de la vigencia del Código, el Decreto Supremo N.° 006-2009-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor, tenía por objeto proteger los derechos de los consumidores en el marco del sistema de economía social de mercado, mas no reducir la asimetría informativa en una relación de consumo. No obstante, se ampliaba la protección a los microempresarios que evidenciaban una situación de asimetría informativa. Volver

Código de Protección y Defensa del Consumidor. Artículo ii.- Finalidad El presente Código tiene la finalidad de que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos y que gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para su protección, reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses. En el régimen de economía social de mercado establecido por la Constitución, la protección se interpreta en el sentido más favorable al consumidor, de acuerdo a lo establecido en el presente Código. Volver

Código de Protección y Defensa del Consumidor. Artículo iv.- Definiciones […] 7. Asimetría informativa. Característica de la transacción comercial por la cual uno de los agentes, el proveedor, suele tener mayor y mejor información sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado a los consumidores. Volver

Rodríguez García, Gustavo M., “¿Asimetría informativa o desigualdad en el mercado?: apuntes sobre el verdadero rol de la protección al consumidor”, en Foro Jurídico, n.° 8, 2008, p. 116. Recuperado de <https://bit.ly/3sIvn4R>. Volver

Patrón, Carlos A., “Un acercamiento preliminar a la función económica de la protección al consumidor”, en Ensayos sobre protección al consumidor en el Perú, Lima: Universidad del Pacífico, 2011, p. 31. Recuperado de <https:// bit.ly/3pb1iIP>. Volver

“En otras palabras, si bien el proveedor traslada una información comercial al consumidor, es el propio consumidor quien decide configurar una relación de consumo al encontrar el producto o servicio de su interés. Y, en atención a los preceptuado en el artículo 1314 del Código Civil, que es de aplicación supletoria, se exige una diligencia ordinaria para no ser imputable por la inejecución de la obligación contraída entre las partes; a contrario sensu, quien no actúa con una diligencia ordinaria no podrá trasladar su propia responsabilidad a los terceros”. García Lavado, Alex Orlando, “Luces y sombras del Derecho del Consumidor, la implicancia de una correcta suministración de la información en el mercado”, en Actualidad Civil, n.° 74, Lima: agosto del 2020, p. 317. Volver

Que se genera cuando “el consumidor parte desde un estado de necesidad o una idea preconcebida para satisfacer una necesidad; esa idea, producto de su interés no satisfecho reflejado en su elección de consumo”. García Lavado, “Luces y sombras del Derecho del Consumidor, la implicancia de una correcta suministración de la información en el mercado”, art. cit., p. 318. Volver

“Es lo que el proveedor traslada al mercado para atraer a los consumidores que aún no han dado a conocer su información de consumo, y puede ser con fines publicitarios”. García Lavado, “Luces y sombras del Derecho del Consumidor, la implicancia de una correcta suministración de la información en el mercado”, art. cit., p. 319. Volver

Por la vulneración de las expectativas generadas por la información comercial, pero no por su aparente estado de vulnerabilidad en una relación de consumo. Volver

Código de Protección y Defensa del Consumidor. Artículo iv.- Definiciones Para los efectos del presente Código, se entiende por: 1. Consumidores o usuarios […] 1.2 Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio. Volver

Vide la Resolución N.° 0647-2014/SPCINDECOPI del 25 de febrero del 2014. Volver

Real Decreto Legislativo N.° 1/2007, del 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Artículo 1.- Principios Generales […], esta norma tiene por objeto establecer el régimen jurídico de protección de los consumidores y usuarios en el ámbito de las competencias del Estado. En todo caso, la defensa de los consumidores y usuarios se hará en el marco del sistema económico diseñado en los artículos 38 y 128 de la Constitución y con sujeción a lo establecido en el artículo 139. […] Artículo 3.- Concepto general de consumidor y de usuario. A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial. Volver

Ley 24.240 (1993), Ley de Defensa del Consumidor: normas de protección y defensa de los consumidores; autoridad de aplicación, procedimientos y sanciones. Artículo 1 - Objeto. Consumidor. Equiparación. La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario. Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. (Artículo sustituido por punto 3.1 del Anexo II de la Ley N.° 26.994 B.O. 8/10/2014 Suplemento. Vigencia: 1 de agosto del 2015, texto según art. 1 de la Ley N.° 27.077 B.O. 19/12/2014). Volver

Enrique Ghersi, sintetizando el pensamiento de Ronald Coase, señala que el “costo de transacción está compuesto por el tiempo y la información indispensables para que la actividad se lleve a efecto”. Ghersi, Enrique, “El costo de la legalidad: Una aproximación a la falta de legitimidad del derecho”, en Themis, n.° 19, 1991, p. 5. Recuperado de <https:// bit.ly/3iAsz5b>. Volver

Bullard Gonzales, Alfredo, “¿Es el consumidor un idiota? El falso dilema entre el consumidor ordinario”. Recuperado de <https:// bit.ly/3imGFp8>. Volver

Premio Nobel de Economía otorgado por la Academia Sueca en 1991, fundador del AED. Bullard enfatiza que su mayor aporte que le mereció el Premio Nobel fue dar entender las bases del problema del porque se derrumbó el sistema socialista señalando “En síntesis, el Estado socialista no es otra cosa que una deseconomía de escala que, por ahorrar los costos de transacción de usar el mercado, incurre en inmensos costos de organización, muy superiores a los costos que pretendía ahorrar”, Bullard Gonzales, Alfredo, Derecho y economía. El análisis económico de las instituciones legales, 2.a ed., Lima: Palestra, 2009, p. 107. Volver

Coase, Ronald H., El problema del costo social, 1960, p. 102. Recuperado de <https://bit. ly/39WHFOd>. Volver

Bullard Gonzales, Derecho y economía. El análisis económico de las instituciones legales, ob. cit., p. 109. Volver

Rojas Klauer, Carlos, “El alcance del deber de información en materia de protección al consumidor: un replanteamiento desde el derecho y economía conductual y el neuromarketing”, en Themis, n.° 62, 2012, p. 78. Recuperado de <https://bit.ly/3qKiEww>. Volver

Código de Protección y Defensa del Consumidor. Artículo 20.- Garantías Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio. Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas: a. Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. No se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal y la misma se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente. Una garantía legal no puede ser desplazada por una garantía explícita ni por una implícita. b. Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro medio por el que se pruebe específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía explícita no puede ser desplazada por una garantía implícita. c. Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende que el producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros aspectos, los usos y costumbres del mercado. Volver

Espinoza Espinoza, Juan, Introducción al derecho de las obligaciones, Lima: Instituto Pacifico, 2017, pp. 414 y 415. Volver

Ghersi, siguiendo a Menger, BöhmBawerk, Mises y Hayek, señala que los precios tienen “entre sus características principales transmitir información acerca de los valores relativos de bienes y servicios en una sociedad. Expresan no sólo lo que el bien o el servicio representa subjetivamente para las personas involucradas, sino también su relación con la estructura institucional. Por ende, contienen una evaluación automática del costo de la legalidad. De hecho, lo incorporan, porque al expresar el costo de oportunidad de la utilización de los recursos lo hacen en relación a la estructura legal vigente”. Ghersi, “El costo de la legalidad: Una aproximación a la falta de legitimidad del derecho”, art. cit., p. 9. Volver

“La vulneración de las expectativas del consumidor ocurre por una información deficiente, ya que el proveedor, al no cumplir con lo que se ha ofrecido, no solo implicaría un incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino una infracción administrativa por no proporcionar una información que desvincule al proveedor de responsabilidad que debe interactuarse bajo las características de oportuna, clara, concreta y de fácil acceso. La entrega de dicha información al consumidor implicaría una manera de prevención de la infracción”. García Lavado, “Luces y sombras del Derecho del Consumidor, la implicancia de una correcta suministración de la información en el mercado”, art. cit., p. 319. Volver

García Lavado, “Luces y sombras del Derecho del Consumidor, la implicancia de una correcta suministración de la información en el mercado”, art. cit., pp. 315 y 316 Volver

El Tribunal Constitucional, al resolver la sentencia emitida en el Expediente N.° 0023- 2005-AI/TC, ha expresado en los fundamentos 43 y 48, respectivamente, lo siguiente: “Los derechos fundamentales que componen el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional (jurisdicción ordinaria, constitucional, electoral y militar) y que pueden ser extendidos, en lo que fuere aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de particulares (procedimiento administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y relaciones entre particulares, entre otros), y que, […] el contenido constitucional del derecho al debido proceso […] presenta dos expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer” Volver