Sumario

1. Introducción 2. Primera razón: las normas procesales sí son pertinentes para resolver este conflicto en favor del derecho de propiedad (aun) no inscrito 3. Segunda razón: las normas de la TEP no son normas que regulen (solamente) la “legitimidad para obrar” del propietario demandante 4. Tercera razón: el segundo párrafo del artículo 2022 del Código Civil sí se aplica para resolver este conflicto “sustantivo” 5. Reflexión final a modo de conclusión

Resumen

En este trabajo se sostiene que no solo existen argumentos constitucionales o civiles que dan prevalencia al derecho de propiedad no inscrito frente al embargo inscrito, sino que ello resulta también del Código Procesal Civil ‒normativa plenamente pertinente para resolver este tema‒, y de otras regulaciones en nuestro medio. AsÍ, aunque la norma sustantiva aplicable al caso es el segundo párrafo del artÍculo 2022 del Código Civil, el autor considera que la remisión al conjunto de normas procesales, pero en particular a la regulación sobre la tercerÍa excluyente de propiedad (figura que carecerÍa de sentido en nuestro sistema de adoptarse la interpretación contraria), coadyuva a determinar la protección de la propiedad en estos casos. Finalmente, a su entender, es inaceptable que deudas ajenas sean pagadas por un propietario con sus bienes, tenga o no derecho inscrito.

1. Introducción

Recientemente, mi buen amigo y profesor universitario Fort Ninamancco ha opinado que resulta impertinente la remisión a normas procesales para resolver el conflicto entre propiedad no inscrita y crédito (léase embargo) inscrito1; y, que, mucho menos esas normas favorecen de forma alguna al propietario no inscrito.1* Miembro de la Comisión de Estudios de Derechos Reales del Colegio de Abogados de…