Prescripción adquisitiva de dominio

Casación N.º 14885-2017-Lima Este, del 12 de marzo del 2019. En ese mismo sentido, se ha señalado que “No es admisible la posición que señala que no puede lograr la prescripción adquisitiva de dominio de quien como actor acredita ser propietario del bien, con acto jurídico válido, pues la pretensión en estos casos debe ser evaluada para declarar que es propietario si cumple los presupuestos establecidos en el artículo 950 del Código Civil y se pueda acceder al registro, ello con el objeto de formalizar el derecho de propiedad”. Casación N.º 2782-2018-Cusco, del 12 de marzo del 2020. Volver

Casación N.º 3671‐2014-Lima, del 5 de noviembre del 2015. Volver

Ello sucede, por ejemplo, como lo ha precisado Jiménez Salas (2021b), cuando se “venden” posesiones, lo cual es muy usual en los asentamientos humanos y en el fenómeno de la propiedad informal (p. 47). Volver

Casación N.º 6203-2014-Piura, del 22 de setiembre del 2015. Así también, se precisa “Que, la resolución cuestionada ha rechazado la demanda sin haberle dado trámite declarándola improcedente, emitiendo fundamentos de hecho y de derecho que corresponde a una resolución final, contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado a que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos con sujeción a un debido proceso”. Casación N.º 1691-1999-Callao, del 7 de diciembre de 1999. Volver

En nuestro medio, a una doctrina le ha llamado la atención que el Código Civil no regule ningún contrato típico referido a la posesión. En efecto, se sostiene: “El artículo 1351 del Código Civil establece que ‘el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial’. No existe ningún inconveniente en que las relaciones jurídicas que se crean, regulan, modifican o extinguen, como consecuencia de los contratos, pueden estar referidas a derechos reales. Ahora bien, ¿puede la posesión ser parte de las relaciones jurídicas patrimoniales a las que se refieren los contratos? En principio no hay razón para negar esta posibilidad, pues el acuerdo de dos o más partes puede crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica que se refiera a la posesión. Sin embargo, llama la atención que el Código Civil no regule ningún contrato típico que se refiera a la posesión. Claro está que este hecho no altera la respuesta dada a la interrogante que hemos planteado, pero motiva que observemos que en el comercio este derecho peculiar llamado posesión, no ha sido apreciado con entusiasmo para efectos de las oposiciones contractuales” (Mejorada Chauca, 1997). Volver

Constitución Política. Artículo 70.- “El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley […]”. Volver

Así se indica en su intervención en la Audiencia Pública del XI Pleno Casatorio Civil. Volver

Según el autor, la tipicidad social actúa mediante una remisión a las valoraciones de la conciencia social relativas a las manifestaciones de la autonomía privada que, en la medida en que el ordenamiento jurídico estima que responden a una función socialmente útil, son acogidas y tuteladas por él (Betti, 1970, p. 70). Volver

Casación N.º 2042-2019-Arequipa, del 18 de agosto del 2022. Volver

Naturalmente, en los supuestos de transmisión mortis causa, no será necesaria la existencia de un negocio jurídico traslativo, sino de un control efectivo y real del bien. La posesión, a fin de ser adquirida, “solo amerita que el control físico sobre un bien pase de una persona a otra, aun cuando no se cuente con ningún título y mucho menos que se evalúen los requisitos de validez del título” (Jiménez Salas, 2021b, p. 50). Volver

En igual sentido, se ha señalado que tampoco se transgrede el artículo iv del Título Preliminar del Código Civil, toda vez que: i) las normas sobre interrupción de la prescripción extintiva son de carácter general, aplicables a todos los casos de prescripción; y ii) no son normas que restrinjan derechos, pues con su ejercicio, por el contrario, se permite que el accionante pueda pedir la tutela de su derecho o interés ante un órgano jurisdiccional, sin riesgo de que se ampare la invocación de vencimiento del plazo de prescripción realizado por el demandado (Villegas Valenzuela, 2023, p. 465). Volver

Casación N.º 1691-1999-Callao, del 7 de diciembre de 1999. Volver

El Código Civil de 1984 solo contempló la denominada interrupción natural, en tanto, el artículo 953 del mismo dispone que “Se interrumpe el término de la prescripción si el poseedor pierde la posesión o es privado de ella, pero cesa ese efecto si la recupera antes de un año o si por sentencia se le restituye”. Volver

Al respecto, también se ha reconocido que, si bien la posesión, en tanto hecho, no puede ser transferida mediante un contrato, “sí puede ser materia de una relación jurídica contractual la obligación con prestación de dar un bien en específico sobre el cual se tiene únicamente la posesión” (Jiménez Salas, 2021a, p. 48). Volver

En esa línea, a propósito del artículo 898 del Código Civil, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que el mismo permite transferencias en virtud de “un contrato plenamente válido para que pueda sumar a su posesión el tiempo que estuvo en contacto con el bien”. Casación N.º 7164-2012-La Libertad, del 10 de noviembre del 2015. Volver

Coincidimos con Velarde Saffer (2012), quien ha propuesto que resultaría conveniente restituir la fórmula del artículo 876 del Código Civil de 1936 al Código Civil vigente. Volver

En un sentido similar, se ha señalado que “ante la insuficiencia del artículo 953 del Código Civil, podemos perfectamente aplicar por analogía los incisos 1 y 3 del artículo 1996 del mismo cuerpo normativo, referidos respectivamente al reconocimiento de la obligación (que, en este caso, sería un reconocimiento del derecho) y a la citación con la demanda al deudor, que, si bien son causales de interrupción de la prescripción extintiva, podrían aplicarse en el plano de la prescripción adquisitiva” (Pesantes Escobar, 2022, p. 81). De la misma manera, se señala que “el método de integración analógica es posible en este supuesto, ya que existe un vacío legal que merece ser llenado, por cuanto no regula dos casos que afectan la inacción del propietario y la posesión ad usucapionem; además, ambas modalidades de prescripción (adquisitiva y extintiva) comparten dos condiciones esenciales: transcurso del tiempo e inactividad del titular del derecho” (Villalobos Villalobos, 2021, p. 97). Volver

En un caso, a efectos de usucapir la Empresa Llama Gas Pucallpa S. A. pretendía sumar el plazo posesorio ejercido por el anterior poseedor (Hostal Aeropuerto S. C. R. L.) en mérito a una constancia de posesión con el plazo posesorio con el que cuenta la empresa en virtud de un contrato privado de compraventa de derechos posesorios y mejoras. En su oportunidad, la Sala Superior consideró que la adición del plazo solicitado por el demandante había cumplido todos los requisitos exigidos. Sin embargo, para la Corte Suprema de Justicia la transferencia a favor de la empresa Llama Gas no es válida dado que existía una prohibición expresa consignada en la constancia de posesión por la cual Hostal Aeropuerto S. C. R. L. carecía de toda facultad que le autorizara a transferir el inmueble. En tal sentido, al no resultar válidamente posible que la demandante adicione el plazo de posesión ejercido por su anterior poseedor se ha infringido normas de derecho material. Por tal motivo, se declaró fundado el recurso y nula la sentencia de vista actuando como sede de instancia (Casación N.º 3446-2011-Ucayali, cit. por División de Estudios Legales de Gaceta Jurídica, 2016, p. 113). Volver

Así, se indica que “la sucesión posesoria mortis causa puede encontrar respaldo en el artículo 505 del Código Procesal Civil. De forma más precisa, en la norma implícita que se deriva de ese texto normativo”. Además, se señala que “si se impone la carga al demandante de usucapión para que ‘indique’ el plazo que poseyeron él y sus causantes, es razonable entender que la norma presupone que esa suma de plazos será tomada en cuenta por el juez para determinar el tiempo total de la posesión y, por ende, si debe declarar la usucapión o no” (Velásquez y Bazán, 2024, p. 146). Volver

Cabe mencionar que, no todas las causas de interrupción son aplicables a la prescripción adquisitiva. Ello sucede, por ejemplo, con los incisos 2 y 4 del artículo 1996 del Código Civil. En el primer caso, la intimación para constituir en mora al deudor presupone la existencia de una relación obligatoria y de una prestación incumplida por un hecho imputable al deudor, elementos que son ajenos a la relación entre propietario y poseedor que caracteriza a la usucapión. Del mismo modo, el inciso 4, referido a la oposición judicial para compensar, responde a una institución propia del derecho de obligaciones, por lo que carece de un equivalente funcional en materia de derechos reales. Volver

El inciso 1 del artículo 1996 del Código Civil hace referencia al “Reconocimiento de la obligación”. En dicho supuesto, según González Linares (2006), “la posesión deja de ser como propietario, reconoce una situación jurídica superior a la suya y, por ende, que le es oponible” (p. 302). En este caso, la figura equivalente consiste en el reconocimiento del derecho de propiedad ajeno por parte del poseedor; es decir, a nuestro juicio, cualquier acto o declaración mediante la cual este admita que el bien pertenece a otra persona y que su posesión se encuentra subordinada o dependiente de dicho derecho. Volver

Código Civil. Artículo 660.- Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. Volver

El inciso 3 del artículo 1996 del Código Civil señala la “Citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique al deudor, aun cuando se haya acudido a un juez o autoridad incompetente”. La expresión “otro acto”, para nosotros, comprende las cartas notariales u otros requerimientos extrajudiciales idóneos que, puestos en conocimiento del poseedor, cumplan con los caracteres que se indican en el presente apartado. Volver

También comparte la necesidad de una interpretación sistemática Pablo Abanto (2025). El mencionado autor señala que puede justificarse la suma de plazos de posesión (artículo 898) mediante sucesión mortis causa con base en la saisine que el causante transmite a sus herederos a título universal (artículo 660) (p. 132). Volver

En el Pleno Distrital de la Corte Superior de Justicia Del Santa, del 17 de octubre del 2018, se decidió por unanimidad que, el emplazamiento extrajudicial en que se requiere la restitución del inmueble “interrumpe el plazo ya transcurrido”. Volver

Casación N.º 2434-2014-Cusco, del 3 de setiembre del 2015. Volver

Casación N.º 1064-2015-Lima, del 3 de setiembre del 2015. Volver

Casación N.º 4555-2019-Ayacucho, del 27 de mayo del 2021. Volver

Con relación al inciso 3 del artículo 1996 del Código Civil, una doctrina nacional ha expuesto que “solo los procesos judiciales destinados a ordenar la restitución del bien califican como actos interruptores de la usucapión, mas no así los actos extrajudiciales como la notificación de la carta notarial o la invitación conciliar” (Villegas Valenzuela, 2023, p. 472). No estamos de acuerdo con ello. Una conclusión como la antes transcrita implica introducir una restricción que el propio legislador no ha establecido. La norma no se limita a la “citación con la demanda”, sino que añade la fórmula amplia “o por otro acto con el que se notifique al deudor”, expresión que carecería de utilidad si se entendiera referida exclusivamente a actuaciones judiciales. Si el fundamento de la interrupción consiste en exteriorizar de manera inequívoca la voluntad del titular de conservar y defender su derecho, carece de justificación otorgar eficacia interruptiva a una demanda y negársela a una carta notarial que contiene exactamente el mismo requerimiento restitutorio y que, incluso, puede revelar con mayor inmediatez la oposición del propietario frente a la posesión ejercida por el prescribiente. Por lo tanto, no consideramos que lo relevante sea la naturaleza judicial o extrajudicial del acto, sino su aptitud objetiva para destruir la apariencia de inactividad que justifica el curso de la prescripción. Volver

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que “la prueba orientada a verificar los actos de interrupción de la prescripción adquisitiva de dominio tiene relevancia interruptora dentro del periodo que la ley establece el derecho para usucapir el bien, y no de aquella prueba acontecida fuera de aquel”. Casación N.º 2351-2017-Arequipa, del 17 de mayo del 2018. Volver