El procedimiento casatorio en el Código Procesal Civil

Al respecto, resulta preciso el criterio desarrollado por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N.º 02039-2007-PA/TC, en la cual señaló lo siguiente: “En el recurso de casación no se pueden valorar nuevamente las pruebas aportadas, admitidas y actuadas en primer y/o en segundo grado, pues su configuración normativa establece que tal recurso tiene por finalidad la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto. En buena cuenta, la casación se erige en algunos casos como un mecanismo de defensa de la legalidad por medio del cual se asegura la sujeción de los jueces a la ley en la impartición de justicia y, por esa vía, se mantiene el efecto vinculante del derecho objetivo”. Volver

Sobre este asunto conviene tener en cuenta la opinión de Martínez Arrieta y Encinar del Pozo (2022) cuando señalaron que: “El recurso de casación nace como un remedio democrático para asegurar la sujeción de los jueces al principio de legalidad. Es salvaguarda de la ley, complemento del principio de legalidad, que procura una interpretación uniforme de la ley. Su existencia contribuye, en los términos que veremos, a asegurar la vigencia del derecho a la igualdad de los ciudadanos y la seguridad jurídica. En otras palabras, a primar el alcance y significado de la norma (seguridad jurídica), y a proclamar la igualdad de los ciudadanos ante la ley, pues esta se va a aplicar con un similar significado” (p. 19). Volver

El valor de la unidad de referencia procesal asciende al 10 % de la unidad impositiva tributaria (UIT). Volver

Al respecto, resulta esclarecedora la Casación N.º 1606-2009-La Libertad, en la cual se declaró improcedente un recurso debido a que el recurrente no alegó una causal de casación; por ello, la Sala Suprema declaró lo siguiente: “En efecto, de los fundamentos del recurso casatorio se advierte que el recurrente se limita a narrar hechos que considera probados, mas no realiza un sustento jurídico respecto de cada una de las denuncias formuladas, no siendo suficiente fundamento invocar las normas que considera son aplicables al caso, sino que además se encuentre en la obligación de precisar su pertinencia de las mismas a los hechos determinados por las instancias de mérito, y de qué manera modificaría el sentido de lo resuelto o cuál es la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, todo lo cual no ha sido cumplido; antes bien, se advierte que el recurrente pretende la revaloración del caudal probatorio, labor que resulta ajena a los fines asignados a la casación”. Volver

En caso de realizarse una audiencia presencial, resulta aplicable el artículo 135 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Volver

Al respecto, es necesario tener en cuenta la Resolución Administrativa N.º 00366- 2022-CE-PJ, publicada en El Peruano, el 7 de octubre del 2022, mediante la cual se facultó a los distintos órganos judiciales para que determinen la modalidad en la que se realizarán las audiencias. Volver

Al respecto, resulta preciso tener en cuenta el criterio desarrollado en la Casación N.º 5860-2017-Lima, en la cual se indicó: “La configuración externa del acto procesal o su formación —forma— jugará en este punto un papel cardinal, puesto que el reconocimiento de las nulidades procesales no se acogerá a un concepto de justicia desde el mero punto de vista de la corrección o acierto de lo decidido, sino sobre todo desde la forma o formación de su continente. Solo aquello logrado —obtenido— de acuerdo a ciertos valores podrá ser justo y, por tanto, merecedor de recibo para nuestro ordenamiento jurídico: una sentencia obtenida sin citar a la otra parte será nula, aun si lo declarado en ella fuera ‘correcto’; del mismo modo que lo será aquella que no ha sido dictada por una autoridad jurisdiccional, aun si lo que ella decidió fue ‘acertado’”. Volver

Respecto de la figura del reenvío, en la Casación N.º 2292-2016-Arequipa se detalló su forma de operar de la siguiente manera: “Cuando se declara fundado el recurso de casación por vulneraciones a las normas que garantizan el debido proceso o las infracciones de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales, en todos los supuestos se debe devolver el proceso a la instancia inferior para que emita un nuevo pronunciamiento”. Volver

A manera de ejemplo podemos dar cuenta del criterio desarrollado en la Casación N.º 1227-2012-Lima, en la cual se señaló lo siguiente: “Aunque esta Sala Suprema difiere de la fundamentación jurídica señalada por la Sala Revisora, estima que debe rechazar la casación planteada, atendiendo a las facultades que le concede el artículo 397 del Código Procesal Civil, que señala: ‘La Sala no casará la sentencia por el solo hecho de estar erróneamente motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho. Sin embargo, debe hacer la correspondiente rectificación’. Esto es lo que ha ocurrido aquí, por lo que corresponde aplicar el artículo 2001 inciso 4 y no el inciso 1 de la referida norma, máxime que el acto jurídico se suscribió en 1996 y que al momento de interponerse la demanda (26 de octubre de 2009); en consecuencia, el plazo de prescripción habría vencido”. Volver