Se garantiza acceso a la justicia para las personas con escasos recursos

Más ciudadanos en condición de vulnerabilidad podrán acceder a los servicios gratuitos de justicia que brinda la Dirección General de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), liderada por Walter Eleodoro Martínez Laura, quien anunció la ampliación y mejora de los centros de defensa legal Alegra y Mega Alegra, así como la próxima contratación de cerca de 1,000 nuevos defensores públicos.

La defensa pública cumplió 27 años de presencia en el país. ¿Cuál es el aporte o logro más significativo de esta labor?

–La función primordial de la defensa pública es garantizar el derecho a la defensa y acceso gratuito a la justicia. Lo hacemos para las personas con menos recursos, es decir, aquellos que pertenecen a los grupos vulnerables como niños, niñas, ancianos, personas con habilidades diferentes, comunidad LGTBI, migrantes, los internos de los penales y las mujeres que son víctimas de violencia.

Considero que brindar esa asistencia, ese patrocinio gratuito a estas personas, permitiendo que puedan ejercer su derecho a la defensa y a la justicia, eso en sí ya es un logro.

Nosotros contamos con 1,830 defensores públicos distribuidos en 34 centros. Ellos hacen el mejor esfuerzo para salvaguardar y garantizar los derechos de las personas más necesitadas de nuestro país.

Tanto es así que, durante las recientes manifestaciones, se dispuso que nuestros defensores públicos, cumplan turnos extraordinarios y trabajen en aras de garantizar los derechos de las personas que habían sido víctimas de la violencia durante las protestas.

Los defensores estuvieron prácticamente las 24 horas del día, los siete días de la semana al servicio de estas personas, en comisarías, en hospitales, prácticamente sin descanso.

–La ampliación de estos servicios es importante para llegar con asistencia legal a más personas. ¿Su gestión prevé la suscripción de alianzas estratégicas con las nuevas autoridades locales o regionales o quizás con otras instituciones representativas del interior del país?

–Desde que asumí el cargo hemos empezado conversaciones con distintas autoridades locales y regionales. Por ejemplo, nos hemos reunido con el gobernador regional de Piura, con la alcaldesa de Surquillo, con el decano del Colegio de Abogados de Lima.

Además, con el Ministerio de Interior, a fin de apoyar a los policías víctimas de las últimas protestas. Entonces, estamos en camino a suscribir diversos convenios interinstitucionales con el ministro para apoyar la labor de la subdirección de asesoría jurídica, brindándole asistencia y patrocinio legal a los policías que han sido víctimas de estas protestas.

También tenemos protocolos de atención para los periodistas que han sido víctimas de las manifestaciones y estamos en coordinación con la municipalidad de Surquillo para que nos cedan locales a fin de implementar nuestros centros de asistencia legal gratuita que son Alegra y Mega Alegra.

En estas plataformas la defensa pública brinda servicios de asesoría legal, patrocinio legal para las víctimas de delitos, por ejemplo, violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, trata de personas, además de asistencia legal en cuanto a alimentos, temas de familia, tenencia, régimen de visitas o civiles, sucesiones, rectificaciones de partidas, temas laborales como nulidad de despido, despido arbitrario, contencioso administrativo, pensiones, en fin, brindamos una serie de servicios.

¿Qué proyectos se vienen para esta institución este 2023?

–Tenemos un proyecto para ampliar nuestros centros de defensa legal hasta 49 locales. Actualmente contamos con 40 Centros Alegra y cinco Mega Alegra. Son 45 en total. Incluso estamos viendo la posibilidad de que cada región y capital de región cuente con un centro asistencial gratuito.

–¿Tienen alguna iniciativa de ampliar el número de defensores públicos?

–Es preocupación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reforzar la labor de la defensa pública y en atención a ello es que se ha trabajado una demanda adicional para solicitar recursos al Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de que podamos contratar a cerca de mil defensores más.

Tenemos en este momento 1,830 defensores públicos, pero ese número es insuficiente teniendo en cuenta que los magistrados del Poder Judicial son más de 3,000, de tal forma que no llegamos ni siquiera a un defensor por juez. Tenemos un poco más de la mitad. La idea es fortalecer a la defensa pública en números para llegar a más personas.

Contamos también con un equipo multidisciplinario compuesto por una serie de profesionales, por ejemplo, médicos, psicólogos, peritos criminalísticos y antropólogos que brindan estos servicios que sirven para coadyuvar la labor de nuestros defensores, tanto penales como de víctimas.

Casos emblemáticos

¿Cuáles son los casos más emblemáticos y frecuentes asumidos por la defensa pública?

Hace poco un defensor público, en Arequipa, patrocinó un caso de violencia contra la mujer, feminicidio en el que se logró que se impusiera la pena de cadena perpetua al acusado.

Los casos más frecuentes desde el punto de asistencia legal son los temas de familia, en la conciliación los casos de pensión de alimentos, régimen de visitas y tenencia. Desde la materia de defensa de víctimas, la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

Norma

La Ley N° 29360 regula el marco jurídico del Servicio de Defensa Pública en los aspectos referentes a la finalidad, principios, funciones, modalidades, condiciones de prestación, organización y acceso al servicio. Todo ello, a tono con la Constitución.