Poder Judicial advierte sobre penas por el delito de soborno

El funcionario o servidor del Estado que, abusando de su cargo o de su posición de dominio o de mayor jerarquía, solicita para sí u otra persona un beneficio económico a un trabajador cometería el delito de concusión y podría ser sancionado con penas de dos a ocho años de prisión.

Así lo advirtió la presidenta de la Corte Superior de Lima Este, Rose Mary Parra Rivera, quien sostuvo que este delito no hace distingos del nivel de jerarquía del empleado estatal. “La ley no hace una precisión de que la pena se agrava si el que comete el delito de concusión es un alto o mediano funcionario”, afirmó.

La jueza superior manifestó que en el Estado existe una serie de medidas para proteger a los trabajadores que por temor a una futura represalia o despido no denuncian este tipo de hechos.

“Las entidades del Estado cuentan con políticas antisobornos o políticas anticorrupción para que el empleado pueda presentar sus denuncias anónimas o encubiertas y así a los funcionarios se les inicie los procesos correspondientes”, explicó.

En el caso de la Corte de Lima Este, reveló, como parte de sus políticas antisoborno se implementó un subsistema en el que las denuncias son anónimas.

La magistrada del Poder Judicial (PJ) recordó que desde el 30 de enero de este año se endurecieron las sanciones, las cuales acarrean responsabilidades penales contra los funcionarios del área de Recursos Humanos que contratan a personal que no cumple con el perfil solicitado.

El jefe del área puede solicitar o pedir el contrato de un trabajador, pero si este no cumple con el perfil establecido quien debe velar por que no se ejecute la contratación es el funcionario o el gerente del área de recursos humanos; en caso contrario, la sanción estará dirigida directamente a ellos”, recalcó.

 

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